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Tegucigalpa, Honduras
En conferencia de prensa, este viernes el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, anunció que el jueves en horas de la mañana se emitió una resolución ordenando la reconstrucción del expediente judicial de las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres, extraviado en las últimas horas luego que la magistrada María Luisa Ramos fuera objeto de un acto delincuencial con el robo de su automóvil en Tegucigalpa.
Argueta dijo que se ha procedido a la certificación correspondiente de la copia del expediente, “mediante el cual se ha constatado que se encuentran intactos la cantidad de folios originales” en el caso.
“La copia certificada permite el avance del proceso de la misma manera que si se trabajara con el expediente original, puede la ciudadanía estar segura que no existirá problemas que dilate o limite las diligencias procesales requeridas para la resolución debida del caso contenido en el expediente”, expresó.
Agregó que el robo del automóvil de la magistrada Ramos y el extravío del expediente del caso Berta está siendo investigado por las fuerzas de seguridad del Estado en coordinación con el Poder Judicial desde el día que se suscitó el incidente, el miércoles en horas de la noche.
“Lamentamos el incidente producto de un acto delincuencial, desde el momento que nos enteramos del extravío del expediente nos pusimos en contacto con los magistrados de la Corte de Apelaciones para visualizar la forma más rápida, efectiva y fiel para solventar el problema. Identificamos en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 158 del Código Procesal Civil que en consonancia con el artículo 22 de ese mismo cuerpo legal, nos brinda una figura de reconstrucción de expedientes”, añadió.
Por su parte, el Ministerio Público anunció en un comunicado que ha conformado un un equipo de agentes encargado de investigar el robo, aunque aclaró que esas acciones no detendrán el trabajo de investigación del asesinato de Cáceres, a cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
De igual manera, la Fiscalía investigará “qué andaba haciendo ese expediente en un carro”.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la OEA, demandó una investigación del robo al que calificó como “una grave irresponsabilidad” de la magistrada llevar ese expediente en el vehículo.
Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, Intibucá (oeste).
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de denunciar que personal de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA) la amenazó de muerte por manifestarse con indígenas contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
Seis personas están presas por el crimen, entre ellas un empleado de DESA, pero los familiares de la ambientalista y Copinh exigen investigar a los autores intelectuales.