Población indígena retira su apoyo a Evo Morales

Bolivia

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Morales prometió algo diferente. Proclamó la inclusión de los grupos indígenas, cortó vínculos con los programas estadounidenses de erradicación de la coca que afectaban a los productores y aprovechó la riqueza del Estado para reducir la tasa de pobreza a la mitad en 2012.

Sin embargo, doce años después de su ascenso a la presidencia, muchos grupos indígenas cuestionan las motivaciones de Morales para aferrarse a la presidencia, pues creen que en vez de ser los intereses de las comunidades son sus propias ambiciones políticas las que lo guían.

El pueblo pesquero de los urus, asentado en el altiplano boliviano, vio desaparecer su lago y con él su forma de vida durante el mandato de Morales, debido a los efectos del cambio climático y a que el gobierno decidió desviar agua para subsidiar a grandes granjas.

Los tacanas se han opuesto desde hace años a Morales, quien desempolvó ciertos planes de un gobierno anterior de construir una presa hidroeléctrica cerca del Parque Nacional Madidi, un área en la que viven muchos miembros de ese grupo.

“Seremos los primeros desplazados a causa de este plan”, se lamentó Felcin Cartagena, residente de San Miguel, un pueblo río abajo del sitio de la presa.

Incluso algunos productores indígenas de coca, la base del presidente en los primeros años, lo han abandonado. En octubre, un sindicato de cocaleros de la región Yungas expresó su respaldo al expresidente Carlos Mesa –el principal rival de Morales en la contienda– tras el arresto de uno de los líderes sindicales, a quien se acusó de haber planeado una emboscada en la que murió un soldado. El grupo afirmó que Morales intentaba acabar con el sindicato mediante acusaciones falsas en contra de su líder.

Morales se ha esforzado mucho para permanecer en el cargo, incluso convocó una asamblea constitucional durante su primer mandato que le permitió postularse dos veces más e impulsar el referendo de 2016 que le podría haber autorizado a presentar su candidatura para un cuarto periodo presidencial.

Después de que esa estrategia fracasó por un ligero margen, el Tribunal Constitucional, en su mayoría leal a Morales, resolvió el año pasado que el presidente podía postularse de nuevo. El fundamento residía en la afirmación de que imponer límites a la cantidad de mandatos era equiparable a una violación de los derechos humanos.

Adriana Salvatierra, legisladora del partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), indicó que el presidente no había incurrido en ninguna violación a la constitución ni había perdido el apoyo de los grupos nativos. Su presidencia los empodera, subrayó, porque muestra “al campesino indígena como una potencia revolucionaria”.

Opinó que, básicamente, Morales debe permanecer en el poder como un contrapeso a los líderes conservadores que van en ascenso en los países vecinos de Brasil y Chile, pues afirmó que su intención es eliminar los avances logrados por los pobres.

“Evo Morales es el único capaz de garantizar crecimiento económico, estabilidad y fuentes de trabajo”, dijo.

De hecho, Morales ha tenido muchos logros en esos temas y ha logrado mantener a flote la economía boliviana a pesar de que Brasil y otras naciones de la región se sumieron en una recesión tras el desplome de los precios de las materias primas. No obstante, estos motivos no son suficientes, ni siquiera para muchos de los antiguos partidarios de Morales.

“Nuestro presidente ha violado la constitución; independientemente de que haya tenido o no un buen desempeño, se trata de la constitución”, aseveró Yarari, líder de Carmen del Emero.

Los tacanas tomaron la noticia de la primera elección de Morales como una victoria propia y como una prueba de que, por fin, el gobierno nacional comenzaría a tener presencia en ese distante pueblo, enfatizó. Muy pronto, el gobierno comenzó a recaudar impuestos en Carmen del Emero. Los tacanas deben pagar por los caimanes que cazan y la madera que recolectan.

Por desgracia, nunca recibieron servicios del gobierno. La escuela del pueblo se construyó hace cuarenta años y el centro de salud tiene treinta años de antigüedad, pero ninguno ha recibido mantenimiento, señaló Yarari. Cuando las inundaciones afectaron al poblado en 2014 y lo dejaron cubierto de lodo durante meses, quien vino a ayudar fue la Cruz Roja, dijo el líder.

Río arriba del cauce del Beni se encuentra San Miguel, que se manifestó en contra de Morales por las presas hidroeléctricas propuestas. Si se construyen, podrían inundar regiones cercanas al Parque Nacional Madidi, al noroeste de Bolivia, considerado uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad.

Los tacanas se enfrentaron durante años a los gobiernos anteriores por este proyecto, y quedaron sorprendidos cuando Morales comenzó a promoverlo. En junio, el grupo indígena envió una pequeña flota de canoas río arriba para bloquear el río, con la intención de mantener a los ingenieros fuera del sitio.

El propósito del proyecto de presas es abastecer de electricidad a Brasil, pero no a los pueblos de esa área de la Amazonía, como San Luis Grande. Esto hizo enojar a Triniti Tayo Cori, líder del pueblo tsimané.

“Gracias a nuestro propio esfuerzo, el pueblo ahora tiene luz: compramos un generador, compramos cables, compramos focos”, dijo Tayo Cori al describir algunas acciones recientes para instalar alumbrado público tras varios años de pedirle al gobierno que lo hiciera.

Yerko Ilijic, abogado y politólogo boliviano, comentó que Morales basa sus cálculos en los votos: los grupos pequeños, como los tacanas y los tsimanés, no son prioridad.

“Cuando eres político, ¿con quién negocias?”, preguntó Ilijic. “Negocias con quien tenga las cifras más grandes”.

Ilijic explicó que, al parecer, Morales se ha aliado con algunos de los intereses de los terratenientes que antes combatió. En septiembre autorizó una ley que permite emplear bioetanol como aditivo en la gasolina boliviana, lo que fue visto como un favor para la industria azucarera. Las granjas que producen bioetanol desde hace tiempo han generado enojo entre los grupos indígenas porque contribuyen a la deforestación.

Algunos creen que las votaciones del próximo mes presentarán una elección difícil entre dos candidatos nada satisfactorios: Morales y Mesa. Carlos Mesa, por cierto, fungió como vicepresidente durante el gobierno de Sánchez de Lozada, el presidente acusado de ordenar la matanza de aimaras que contribuyó al ascenso de Morales al poder.

Rodrigo Quinallata, un activista aimara de la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, promovió una campaña para impedir que Morales compitiera en más ocasiones. Quinallata asegura que continuará la lucha.

“Debemos admitir que, a fin de cuentas, alguien que viste un poncho puede ser tan corrupto como alguien que usa corbata”, sentenció.

(The New York Times)

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