Piden al gobierno intensificar acciones en la lucha contra la criminalidad

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Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, exhortó hoy al Gobierno a intensificar sus acciones contra la delincuencia y a la población para que acompañe a las autoridades hondureñas en la lucha contra la criminalidad.

El llamado lo hizo el defensor de los derechos humanos con el propósito de prevenir hechos violentos como los ocurridos en las unidades del transporte donde han perdido la vida 33 personas y otras 15 resultaron heridas en los 30 hechos violentos registrados hasta mayo del 2014.

Pido al gobierno, dijo el ombudsman hondureño, que intensifique las acciones que está realizando con buen tino y a la sociedad que acompañe al gobierno en la lucha contra la criminalidad y en la prevención de estos delitos.

Herrera Cáceres condenó el hecho violento ocurrido en el Bulevar Fuerzas Armadas en el que resultó un bus incendiado y su conductor José Francisco García con quemaduras de consideración en su cuerpo.

El defensor de los derechos humanos declaró que el CONADEH le ha estado dando seguimiento y ocupado en una situación que se va agravando a pesar de los esfuerzos importantes que realiza la Policía Nacional para controlar la ola de violencia y criminalidad.

Destacó la importancia que tiene para el país que la comunidad internacional vea un gobierno y un pueblo movilizado que requieren de ayuda complementaria para poder detener esta ola criminal que nos abate.

Reveló que hasta mayo del 2014, el CONADEH registró 30 hechos violentos en unidades de buses con un saldo de 48 víctimas entre pasajeros, conductores y ayudantes.

Detalló que de las 48 víctimas, al menos 33 perdieron la vida mientras que otras 15 resultaron con heridas de consideración, ya sea por asaltos o por otras acciones delictivas que se cometen en el interior de las unidades del transporte.

Añadió que entre las personas que perdieron la vida figuran 9 conductores de bus, 5 ayudantes, 2 despachadores, 16 pasajeros y un empresario del transporte, mientras que de los 15 heridos, 12 iban en las unidades como pasajeros, dos conductores y un ayudante o cobrador.

Hasta ahora los departamentos donde corren más riesgo los conductores y ayudantes de bus son Francisco Morazán y Cortes con 13 y 14 hechos violentos respectivamente.

El defensor de los derechos humanos señaló que hay una actividad sistemática de atentados contra la vida y la integridad personal e incluso contra la propiedad privada ya que han incendiado varias unidades afectado la misma seguridad de los pasajeros.
Explicó que el transporte de pasajeros es un servicio público que se le presta a la comunidad y que cuando ocurren estos hechos violentos es la comunidad a la que se le violenta su seguridad.

Sentimos que hay mucho ensañamiento en estos delitos ya que incluso los responsables de cometerlos dejan a las personas dentro de las unidades con lo cual han ocasionado daños severos a las personas y a su dignidad, puntualizó.

Al ombudsman hondureño también le preocupa la cantidad de asaltos que ocurren en las unidades del transporte principalmente contra los estudiantes que abordan los buses con destino a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

“Los usuarios del transporte no pueden continuar expuestos a daños contra vida y contra su seguridad e integridad”, declaró.

Destacó la labor que realiza la policía, no obstante, los exhortó a esforzarse más para garantizar condiciones básicas que tengan el acompañamiento de la sociedad en su conjunto.

“No es posible que está situación continúe agravándose, es necesario detenerla porque nos están privando de importantes energías que podrían estar al servicio del desarrollo de este país y que ameritan en todo caso ser protegidos”, apuntó.

Según Herrera Cáceres entre las ocupaciones y profesiones de alto riesgo están la que realizan los conductores de buses, taxistas, periodistas, policías, guardias de seguridad y los abogados.

Cada día nos están aumentando la lista de personas en riesgo y si sumamos todo esto tenemos daños y víctimas entre las personas de sociedad en su conjunto y daños a las personas que prestan servicios públicos, indicó.

En su criterio lo que está ocurriendo en el país es un problema nacional y por eso exhorta al gobierno a que intensifique sus acciones contra la criminalidad.

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