Peña Nieto cumple dos años de gobierno entre protestas y caída de popularidad

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Mexico.

Enrique Peña Nieto cumplió este lunes dos años en la presidencia de México en su momento más complicado, con una fuerte caída de su popularidad y miles de personas protestando contra su gobierno por la presumible masacre de los 43 estudiantes.

Con motivo del aniversario, decenas de marchas fueron convocadas en todo el país para exigir al gobierno que encuentre a los jóvenes desaparecidos en septiembre en Iguala (Guerrero, sur), un crimen que Peña Nieto reconoció este lunes que ha marcado «un antes y un después» de su presidencia (2012-2018).

Según una encuesta publicada este lunes por el diario Reforma, la aprobación de Peña Nieto se redujo entre agosto y finales de noviembre del 46% al 39%, mientras que otra del diario El Universal indicó una reducción del 46% al 41%.

Se trata del nivel de popularidad más bajo de un presidente mexicano desde mediados de la década de los noventa, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando México atravesaba por la crisis económica conocida como «Efecto Tequila».

Las encuestas dan muestra de la profundidad de la indignación nacional por el crimen de Iguala, uno de los peores de la historia reciente de América Latina, y el hartazgo por años de violencia, que llevaron a muchos a pedir la renuncia del presidente en la marcha de la capital.

«Este es uno de los peores gobiernos que ha tenido México», dijo a la AFP Juan, un obrero de 59 años, entre cánticos de «Fuera Peña».

«Me pongo en el lugar de esas madres que no saben de sus hijos y es duro, es difícil, es doloroso. ¡Ya basta!», exclamó Reina Cruz, de 66 años, haciendo votos para que no se desinflen las protestas que se vienen convocando desde septiembre.

– «Ya no le reconocemos» –

Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre después de ser atacados por policías de Iguala que presuntamente obedecían órdenes de su alcalde. Después los agentes habrían entregado a 43 sobrevivientes a sicarios del cártel Guerreros Unidos que, según declaraciones de detenidos, los habrían asesinado e incinerado.

Ante la falta de pruebas científicas, los padres de los jóvenes siguen defendiendo que están con vida y exigen al gobierno que redoble la búsqueda.

«No voy a agachar la cabeza. Vamos a buscarlos, vamos a encontrarlos», dijo en la capital Clemente Rodríguez, cuyo hijo Cristian está entre los desaparecidos.

«¡No están solos!», clamaron entonces los manifestantes en su apoyo.

Miles de mexicanos más protestaron en otros puntos del país, especialmente en el convulso estado de Guerrero. En su capital, Chilpancingo, un grupo de manifestantes saqueó las oficinas de la fiscalía estatal e incendió cinco vehículos, dos de ellos policiales.

«Nosotros ya no reconocemos como presidente de México a Enrique Peña Nieto porque no ha resuelto nuestra demanda central de presentación con vida de nuestros hijos», subrayó Felipe de la Cruz, vocero de las familias.

Para poder confirmar el asesinato de los estudiantes, la fiscalía ha enviado algunos restos calcinados que encontró en la zona a un prestigioso laboratorio de Austria para su identificación.

En la turística ciudad de Oaxaca (sur), unos 1.500 maestros y estudiantes provistos de palos y piedras bloquearon por cuatro horas los accesos al aeropuerto causando la suspensión de al menos dos vuelos.

Además, centenares de maestros sindicalizados obstruyeron también durante horas las entradas de una refinería y un centro de almacenamiento de la petrolera estatal Pemex en el estado de Oaxaca. Un vocero de la compañía señaló a la AFP que no hubo afectaciones a la operativa de ninguna de las instalaciones.

– «Un antes y un después» –

Horas antes de las marchas, Peña Nieto envió al Congreso un paquete de reformas constitucionales en materia de seguridad con el que quiere enfrentar la infiltración del narcotráfico en policías y autoridades mexicanas.

Entre las propuestas, que el presidente anunció la semana pasada, está el reemplazo de los más de 1.800 cuerpos de policía municipal por fuerzas únicas de cada uno de los 32 estados y la autorización a su gobierno para disolver cualquier ayuntamiento cuando hayan «indicios suficientes» de infiltración.

«Lo ocurrido en Iguala está claro que marca un antes y un después (…) Evidenció la debilidad institucional para hacer frente al crimen organizado, hoy en mayor número, armas y capacidades de fuerza de las del pasado», dijo el mandatario durante una entrega de viviendas en el estado de Chiapas (sureste).

El plan de seguridad de Peña Nieto ha generado escepticismo entre analistas y defensores de Derechos Humanos que creen que resultará insuficiente para acabar con la corrupción y los abusos de fuerzas de seguridad que participan en el combate al crimen organizado, en el marco del cual se han registrado más de 100.000 asesinatos y desapariciones desde 2006.

Peña Nieto, que no se puede presentar a la reelección, había puesto hasta ahora el foco de su gobierno en sus ambiciosas reformas económicas. Estas inéditas iniciativas, especialmente la que abrió el nacionalizado sector petrolero a la inversión privada, le granjearon grandes reconocimientos en el extranjero.

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