Pedro Barquero señala que presidenta Castro no debe incidir en decisiones del CN

En respuesta al mensaje emitido por la presidenta Xiomara Castro en relación a la elección del Fiscal General, el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, ha enfatizado la necesidad de respetar la independencia de los poderes del Estado y evitar la injerencia en el Congreso Nacional.

Barquero recordó que la Constitución de la República establece en su Artículo 4 la clara separación de poderes y el tipo de gobierno, lo cual implica que la presidenta no debería ejercer ninguna forma de interferencia en los procesos legislativos.

En su mensaje, la presidenta Castro se refería a una evaluación de los candidatos para el cargo de Fiscal General, pero Barquero señaló que existen dos evaluaciones relevantes: una realizada por el Congreso Nacional y otra por la Junta Proponente. Ambas evaluaciones, según él, deben ser tomadas en cuenta para llegar a una elección transparente y coherente.

Barquero enfatizó que los diputados del Congreso Nacional tienen la responsabilidad de elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto de entre la lista proporcionada por la Junta Proponente. Esto debe realizarse a través de consensos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, sin influencia del Ejecutivo.

El exfuncionario también aclaró que, en caso de no realizarse la elección en la fecha programada, no se desencadenaría una crisis o caos, ya que la ley contempla mecanismos para lidiar con esta situación. La Ley Orgánica del Ministerio Público, en su Artículo 18, establece una jerarquía y protocolos para la ausencia del Fiscal General. Además, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su Artículo 80, establece que los altos funcionarios electos por el Congreso Nacional pueden permanecer en sus puestos hasta que se elijan sus sustitutos, si el proceso de elección se extiende más allá de su período.

En resumen, Barquero hace un llamado a respetar la independencia y separación de poderes, a considerar todas las evaluaciones pertinentes y a evitar cualquier influencia indebida en el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto.