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El Gobierno de Panamá llamó este martes a consultas a su embajador en Bruselas tras la inclusión del país en una lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), una decisión «discriminatoria» que ha sido rechazada por sectores económicos, civiles e incluso por un alto representante de la ONU.
Empresarios y expertos en materia legal fueron más allá de los reproches y pidieron al Gobierno una nueva estrategia ante la «incomprensión» de los europeos, que pusieron a Panamá en su primera lista negra de paraísos fiscales, junto con otras 16 jurisdicciones, pese a los «avances» en material de transparencia y control financiero dados en los últimos años por esta nación.
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, informó que llamó a consultas a su embajador en Bruselas, Darío Chirú, tras tildar de «totalmente injusto» que la UE haya incluido a Panamá en la lista negra, «sobre todo con todas las leyes que se han aprobado y la transparencia que hay en nuestro sistema financiero».
El gobernante, quien ha impulsado una agresiva agenda local e internacional para promover acciones en favor de la transparencia financiera de Panamá, especialmente tras el escándalo por las filtraciones del bufete panameño Mossack Fonsenca, dijo además que evalúa «llamar a otros embajadores de los países que liderizaron esta sanción que no tiene ningún sentido y no es justa».
La lista comprende 17 estados:
Se trata de Samoa Americana (territorio no incorporado de los Estados Unidos), Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macau, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Saint Lucia, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos, indicó Le Maire.