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Panamá envió una importante delegación a París para hablar con miembros de la Ocde, la UE, y el gobierno francés con el objetivo de borrar la imagen de paraíso fiscal que persigue al país desde el escándalo de los llamados papeles de Panamá.
El ministro de Finanzas, Hector Alexander, acompañado de la viceministra de Exteriores, Erika Mouynes, llegaron a París en vísperas del décimo aniversario del Foro Mundial sobre Transparencia Fiscal de la Ocde.
Su objetivo: explicar a sus interlocutores que el país centroamericano, que alberga un importante centro financiero, está decidido a “cambiar completamente” su imagen desde la llegada al poder del presidente Laurentino Cortizo en julio. “Quisimos venir para decir alto y claro que el proyecto de nuestro gobierno no sólo se limita a las palabras, sino también a acciones muy concretas”, dijo Mouynes, asegurando que ya han hecho de la “transparencia” una prioridad.
Según ella, la “competitividad” de Panamá a nivel internacional depende del cumplimento de las normas internacionales. “Debemos ir mucho más lejos para que los inversionistas nos identifiquen como un país estratégico en donde se atraen buenos negocios, se respetan las normas internacionales y locales”.
Sin embargo, según una evaluación reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) Panamá sólo cumple “parcialmente” con los estándares internacionales. “Esta es una evaluación del período anterior a nuestra llegada al gobierno”, aseguró la viceministra.
Del lado de la Ocde, el nuevo gobierno dejó una buena impresión. “Hemos recibido buena información y el nuevo equipo parece decidido a ir más allá”, apuntó una fuente cercana a la institución.
Según esta fuente, si el parlamento del país centroamericano aprueba nuevas medidas para finales de año, la Ocde podría revisar su calificación el próximo año y colocarla en la categoría de aquellos que «en gran medida» cumplen con los estándares internacionales.
Mouynes se comprometió a que la legislación fuera aprobada a finales de año y recordó las medidas ya adoptadas por su gobierno, como la eliminación de “casi 600.000 empresas de las 800.000 registradas en Panamá” que no cumplían con los criterios internacionales”. “También hemos aprobado legislación que permite que los abogados sean sancionados y les exige que proporcionen información financiera cuando se les solicite”.
Todo esto en respuesta al escándalo de los papeles de Panamá que estalló después de la publicación de 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca, que detallaban información sobre más de 214.000 firmas offshore.
El ministro Héctor Alexander presentó estas medidas al Comisario europeo saliente de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien le advirtió de los riesgos para Panamá de ser incluido de nuevo en la lista negra de la UE si no aplica las medidas necesarias.
La delegación panameña también se reunió con el ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, para convencerlo de que retire a su país de otra lista negra de paraísos fiscales, esta vez de Francia, en la que fue puesta en 2016 tras el escándalo de los papeles de Panamá, tras haber sido retirada cuatro años antes.
“Estamos muy positivos que para el próximo año Panamá no se encuentre ya en la lista francesa”, agregó Erika Mouynes. “Hemos conversado sobre la nueva dinámica que tenemos para apoyarlos cuando tengan alguna solicitud de información de algún contribuyente francés que se encuentre o que tenga cuentas en Panamá”, apuntó.
En la lista francesa están: Brunéi, Nauru, Niue, Panamá, Islas Marshall, Guatemala y Botsuana.