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Panamá ha anunciado medidas para abordar la crisis migratoria en la región del Darién, que ha llevado al país al límite de sus capacidades. Estas medidas incluyen un enfoque en aumentar las deportaciones y reubicar los puntos de control para minimizar el impacto en las pequeñas comunidades que enfrentan el flujo constante de migrantes que se dirigen hacia Norteamérica.
Una de las primeras medidas es la protección de las comunidades receptoras, que implica mover los puntos de control y asistencia migratoria fuera de las mismas comunidades de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo para reducir el impacto en términos de salud y seguridad. Se construirán espacios cercanos a estas áreas para albergar y contener a los migrantes y evitar que afecten la vida diaria de las personas en esas comunidades.
El plan también incluye un refuerzo en las deportaciones y expulsiones de ciudadanos irregulares con antecedentes penales a través de vuelos chárter. A pesar de estas acciones, el número de deportaciones es significativamente menor que el gran flujo de migrantes irregulares que cruzan la peligrosa selva fronteriza con Colombia.
Se ha observado que los aeropuertos están siendo utilizados por grupos criminales para movilizar a los migrantes, aumentando los costos de este traslado en comparación con atravesar la selva del Darién.
En respuesta, Panamá ajustará las medidas operativas en los puestos de control para aquellas personas que, según su perfil de seguridad, utilicen los aeropuertos y puestos formales para permanecer ilegalmente en el país.
Esto incluye la reducción del período de turismo de 90 días a 15 días y la imposición de multas en caso de sobrepasar ese límite.
Las cifras de migrantes que llegan a las estaciones migratorias del Darién han aumentado de manera significativa, superando las capacidades tanto de las estaciones como de los organismos internacionales en la región. La mayoría de los migrantes son venezolanos, seguidos de ecuatorianos y haitianos.
Panamá y Costa Rica han unido sus voces para abogar por una mejor administración de los flujos migratorios, mientras que Colombia mantiene una perspectiva de libre tránsito en la región. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha planteado la necesidad de desbloquear económicamente a Venezuela como parte de la solución a la crisis humanitaria en la ruta migratoria del Darién.
