Organizaciones piden continuidad de Secretaria de Justicia y DDHH

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Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Consultivo Ciudadano en Derechos Humanos, conformado por importantes organizaciones de larga trayectoria en el país, como CIPRODEH, CPTRT, CEM-H, Grupo Sociedad Civil, Visión Mundial, COIPRODEN, CODEH, Casa Alianza, C-LIBRE, APUVIMEH, entre otros, manifestó en Conferencia de Prensa que ve con profunda preocupación e incertidumbre la posibilidad de que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos desaparezca en aras de una reingeniería institucional que se concibe y planifica al margen de la consulta ciudadana.

Señaló que la vigencia y el fortalecimiento de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos interesa a todas y todos, no sólo porque el principio básico de la modernización del Estado pasa por su reforma democrática sino que precisa de una institucionalidad que atienda los compromisos y obligaciones del Estado en derechos humanos de manera especializada.

Por ello, es que se manifiestan en contra de las contrarreformas que se pretenden aprobar, ya que, limitan o anulan esta institucionalidad y la participación ciudadana.

“Quienes integramos este Consejo tenemos muchos años de luchar por los derechos humanos de los sectores y personas más vulnerables de nuestra sociedad, manteniendo una posición crítica, con frecuencia de reclamo y denuncia, pero también constructiva respecto al Estado y a los diferentes gobiernos a cargo de la administración pública”, indicaron.

Prosiguieron, “Vimos como una oportunidad histórica, más allá de lo coyuntural y de las diferencias que pudieran existir entre organizaciones, sectores de ciudadanía y el gobierno del Presidente Porfirio Lobo, la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y su posterior objetivo de formular con amplia participación social la Política Pública y su Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Nunca esperamos que esa decisión del Poder Ejecutivo, avalada por el Congreso Nacional de la República, fuese sólo un medio retórico para mejorar su imagen internacional y nacional, sino que la interpretamos como una reafirmación de que los poderes públicos emanan del pueblo y que para hacer efectivos sus derechos debe disponer de una institucionalidad propia de un Estado de Derecho Democrático, del cual uno de sus indicadores es el respeto de los derechos humanos”.

Por consiguiente expresaron que no parece razonable que los motivos que dieron vida a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que convocaron incluso la ayuda de la cooperación internacional, hoy no tengan validez para sus propios gestores.

En ese sentido, señalaron que en un país falto de continuidad de las políticas públicas, con una precaria memoria histórica institucional, es importante que el Presidente Electo, Abogado Juan Orlando Hernández, considere que algunos considerandos del Decreto de creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que él mismo firmó, establece:
“Para lograr tal fin se estima necesario fortalecer el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos con la creación de una institución dentro del Poder Ejecutivo con el mandato de formular una política nacional en el tema de justicia y derechos humanos, incluyendo el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, y que oriente técnicamente a las instituciones estatales para lograr un desempeño de la Administración Pública con estricta observancia de las obligaciones del Estado de Honduras en materia de Derechos Humanos”.

Por ello el Presidente Electo y quienes dirigen su equipo de transición deben entender que la vigencia de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la continuidad de las acciones de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción evidencian que la legitimidad internacional y nacional del Estado hondureño depende, en buena medida, de su capacidad de cumplir los compromisos que adquiere y rendir cuentas exitosamente de su respeto a los derechos humanos.

Expresaron que el próximo equipo de gobierno no puede obviar que Honduras está sometida al escrutinio internacional en el cumplimiento de sus compromisos en derechos humanos, y que el resultado de sus periódicas evaluaciones incide en la cantidad y condicionalidad de los recursos de cooperación y financiamiento a recibir de fuentes bilaterales y multilaterales.

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