Opiniones polarizadas deja decreto que da independencia a la Uferco

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El Congreso Nacional de Honduras, aprobó la madrugada del viernes, un decreto que le confiere estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco). Esto ha hecho que diversos actores políticos han reaccionado a favor o en contra de dicho decreto.

El diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez, sostuvo que la bancada de su partido votó a favor de la independencia de la Unidad Fiscal, ya que creen que esto será necesario para la llegada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

“No le hemos quitado constitucionalmente independencia a la Uferco sobre el Ministerio Público, ellos siguen ligados. Consideramos que debe tener independencia y anteriormente notamos que se detuvo la investigación de casos a través de la fiscalía”, dijo el diputado del PSH.

El diputado por el Partido Liberal (PL), Marlon Lara, lamentó que el Congreso Nacional aprobara el decreto a altas horas de la madrugada, ya que estos temas son importantes para el país en donde debe de manejarse con toda transparencia.

“Consideramos que se estaba creando una “paralela” al Ministerio Público, cuando lo que se requiere es fortalecer es el Estado de Derecho”, declaró Lara.

Cabe destacar, que la bancada del Partido Liberal votó en contra, pero 6 de sus miembros votaron a favor.

Por su parte, el diputado por el Partido Nacional (PN), Eder Mejía, lamentó que se haya llevado a la inconstitucionalidad y generar inseguridad jurídica.

“Más allá de estar a favor o en contra, este es un tema para generar la socialización, el consenso necesario y alcanzar la madurez política y respetar el Estado de Derecho”, afirmó Mejía.

Por último, la finalidad de lo aprobado es dar capacidad administrativa, técnica y funcional a la Uferco, otorgándole un estatus especial que logre avances significativos en la desarticulación de las estructuras y redes de corrupción en Honduras.

El decreto autoriza a la Uferco ejercer la acción penal pública de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del Fiscal General de la República, ni de ninguna otra autoridad dentro del Ministerio Público.

Además, el personal asignado a la Uferco gozará de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias como consecuencia de las investigaciones realizadas y por el ejercicio de la acción pública penal de oficio, según el dictamen. 

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