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La organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó el miércoles al Estado salvadoreño por mantener en prisión a cinco líderes de la comunidad Santa Marta y de la Asociación ADES, detenidos desde el pasado 11 de enero.
Según publican esta semana varios medios locales, Naciones Unidas ha pedido a El Salvador información detallada sobre la base legal de la acusación, la justificación de las detenciones, la situación humanitaria de los detenidos y las medidas adoptadas para garantizar el respeto de sus derechos.
La petición fue remitida por la relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el relator especial sobre la Cuestión de las Obligaciones de Derechos Humanos Relacionadas con el Disfrute de un Medioambiente sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible; y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento.
En su planteamiento, las relatorías hacen eco de las irregularidades del proceso judicial contra los defensores ambientales denunciadas por organizaciones salvadoreñas y extranjeras, entre estas “la falta de pruebas y la sustentación legal errónea de la acusación, la injustificada prisión preventiva y las vulneraciones a los derechos a la salud, la integridad y la defensa legal de los detenidos”.
En su respuesta, el Gobierno salvadoreño ha negado los señalamientos de las organizaciones mencionados en la petición de información de la ONU.
Sin embargo, la respuesta gubernamental es desmentida por las organizaciones y el defensor legal de los ambientalistas. El abogado Dennis Muñoz dijo a un medio local salvadoreño que “la mayor prueba de la falsedad del relato gubernamental es que se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, declaró.
Esta semana un tribunal ratificó la prisión preventiva contra los defensores ambientales. Con los votos de dos magistrados suplentes, la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque rechazó otorgar las medidas sustitutivas a la detención provisional que solicitaba la defensa.
La fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un supuesto delito cometido en 1989 durante la guerra civil, pero las organizaciones señalan que detrás de las detenciones y el cuestionado proceso judicial está la intención gubernamental de reactivar la minería a pesar de estar prohibida por ley.
