Ombudsman aboga por personas integras e idóneas para garantizar una CSJ independiente

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Tegucigalpa, Honduras.

El CONADEH tiene el compromiso legal y ético de empeñar toda su capacidad y acción orientando y contribuyendo para que las diferentes etapas del proceso de selección faciliten el resultado del ejercicio de la función única, de la Junta Nominadora, de presentar, al Congreso Nacional, los candidatos idóneos para desempeñarse, independiente e imparcialmente, en la Corte Suprema de Justicia.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que para garantizar la independencia de la Corte Suprema de Justicia, las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales deben ser integras e idóneas y deberán tener la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.

El ombudsman hondureño, considera que la idoneidad debe reflejarse en la existencia de características y aptitudes técnico- jurídicas, éticas, humanistas, personalidad y de salud que deben reunir las personas seleccionadas como candidatos a magistrados de ese poder del Estado.

El objetivo, según Herrera Cáceres, es mejorar la forma de impartir justicia en correspondencia con las expectativas del pueblo y los requerimientos del Estado de derecho, y de fortalecer institucionalmente el sistema judicial en su independencia y eficacia social.

Agregó que en la escogencia o elección de magistrados, la idoneidad es de importancia determinante para avanzar significativamente en el proceso de la consolidación del Estado democrático y social de derecho en Honduras.

El CONADEH tiene el compromiso legal y ético de empeñar toda su capacidad y acción orientando y contribuyendo para que las diferentes etapas del proceso de selección faciliten el resultado del ejercicio de la función única, de la Junta Nominadora, de presentar, al Congreso Nacional, los candidatos idóneos para desempeñarse, independiente e imparcialmente, en la Corte

Comentó que Honduras ha proclamado constitucionalmente un Estado democrático y social de derecho cuyas competencias están limitadas y orientadas a proteger y respetar la dignidad humana de los habitantes.

Añadió que en un Estado democrático y social de derecho que tiene como fin la protección y respeto de la dignidad humana en un orden de justicia social, la aplicación del principio de la división de poderes es una necesidad ineludible para ordenar y racionalizar el ejercicio del gobierno nacional de Honduras.

Esa división de poderes sólo puede ser comprendida, en su verdadero alcance, como separación de órganos con funciones determinadas que se complementan y controlan mutuamente como partes de un sólo todo que es el Estado.

Además, para asegurar su organización, funcionamiento y eficacia como poder unitario al servicio primordial del goce efectivo de los derechos humanos de la población.

Sostuvo que la independencia e imparcialidad del magistrado o juez, en la relación entre órganos judiciales, es el pilar que contribuye a estabilizar permanentemente la independencia del Poder Judicial en la posición de autonomía que debe tener frente a los otros poderes y a grupos o sectores determinados de la sociedad.

Indicó que la importancia de la independencia del Poder Judicial es mundialmente reconocida como garantía para proteger los derechos humanos y el principio de la igualdad ante la ley que excluye todo tipo de discriminaciones.

La unidad e independencia de la función judicial y la imparcialidad en la manera de impartir justicia es requisito indispensable para el desarrollo de la vida democrática de los pueblos y debe ser valor accesible a todos los sectores sociales, puntualizó.

Explicó que la independencia judicial no responde al propósito de dar un privilegio al juez o magistrado sino que al de brindar una garantía de respeto y protección a los derechos y libertades de los particulares o justiciables y defenderlos frente a los abusos de poder.

Puede afirmarse, dijo Herrera Cáceres, que la independencia de la magistratura asegura la credibilidad social y el afianzamiento de la seguridad jurídica.

La Constitución de la República garantiza y proclama la independencia de la magistratura y la judicatura, al establecer que ¨la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes¨.

Comparó, que la misión de juzgar ha experimentado variantes en cuanto a su extensión, al tiempo empleado y al modo de su ejercicio, sin embargo, la idoneidad, ha permanecido inalterable como presupuesto inherente al nombramiento de un magistrado o juez, y es precisamente ello lo que realza la importancia del procedimiento o modo de elección de los magistrados.

Destacó que en la escogencia o elección de magistrados, la idoneidad sea de importancia determinante para avanzar significativamente en el proceso de la consolidación del Estado democrático y social de Derecho en Honduras.

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