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Tegucigalpa, Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, llamó este jueves a la sociedad hondureña en general, a participar en la creación de un nuevo Código Penal, durante la ceremonia de lanzamiento del proceso de implementación de ese cuerpo jurídico.
El titular del Legislativo pidió a la nacionalidad, sumarse al proceso de elaboración, análisis y discusión del nuevo Código Penal, ante la situación de crisis de seguridad que sufre el país, que demanda del concurso de todos sus hijos para iniciar la construcción de una nación en paz, seguridad y en desarrollo.
Al acto denominado “Lanzamiento del Proceso de Implementación del Nuevo Código Penal y Presentación de la Campaña Educativa sobre Seguridad y Justicia”, asistió en representación del presidente Juan Orlando Hernández, el designado presidencial, Ricardo Álvarez.
Asimismo, el magistrado José Tomás Arita Valle en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar; la representante de la Unión Europea (UE) Rita Taphorn; el asesor internacional José Luis Gonzáles y el director del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) César Cáceres.
En su mensaje, Oliva agradeció a los asistentes por su presencia, que calificó de evidente respaldo al proyecto, que nace en el primer poder del Estado.
Agregó que el tema representa uno de los retos más grandes para cualquier parlamento de cualquier parte del mundo y consiste en la elaboración de un nuevo Código Penal, instrumento jurídico fundamental para el equilibrio de toda sociedad.
“Eso es precisamente de lo que estamos siendo testigos en este momento, la formulación de un nuevo Código Penal para Honduras, que sustituya al actual que data de hace 30 años de vigencia y que ha sido rebasado por el marco que hoy constituye la etología del delito”, argumentó.
Añadió que la crisis de seguridad que vive el país, ante la trasformación social y aparecimiento de nuevas delitos, obliga a los distintos poderes del Estado tomar medidas urgentes para detener la violencia, la criminalidad, recuperar la gobernabilidad en los entes operadores de justicia y asegurar a los habitantes el goce y disfrute de los derechos fundamentales.
Apuntó que en 2009, el Congreso Nacional aprobó el decreto 286, que contiene la ley para establecer un Plan de Nación y Visión de País, con el fin de desarrollar una Honduras en democracia, con seguridad y sin violencia.
Esos planes tienen como metas, entre otras, reducir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a un nivel por debajo del promedio internacional, así como el índice de conflictividad social a menos del seis por ciento y mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y aumentar la confianza interna.
Indicó que con apoyo internacional, se han creado instancias de control interno para la Policía y el Poder Judicial y se intervino al Ministerio Público para su evaluación y fortalecimiento.
Sumado a lo anterior, se aumentó el número de policías, se aprobó la Tasa de Seguridad y se creó la Policía Militar de Orden Público (PMOP), la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), junto a otras iniciativas de ley para mejorar la seguridad ciudadana.
Afirmó que el fenómeno del narcotráfico ha impactado en el país, no sólo como mero ámbito geográfico de transito de estupefacientes, sino que ha pasado a ser de consumo y con ello, la potenciación del delito al interior del país.
“Cada vez son más los niños y jóvenes que se involucran en las redes de comercialización de la droga y las maras y pandillas son utilizadas como mano de obra para actividades ilícitas, formando un cuadro delictivo muy complejo”, apuntó Oliva.
En ese sentido, surge la necesidad de crear un marco normativo que sancione conductas delictivas propias de la sociedad moderna y del futuro, como el caso de la manipulación genética, la clonación, delitos informáticos, los de tipo ambiental y económicos, detalló.
Arguyó que con esa nueva normativa, se evitará que la falta de regulación convierta al país en centro de operaciones de grupos criminales que huyen de las penalizaciones establecidas en otros países.
Aseveró que es política de la actual legislatura, emitir leyes de calidad y para ello se hacen esfuerzos en mejorar los procesos, integrando a los sectores involucrados en la aplicación de la norma propuesta, así como a la academia y personal necesario, que brinde la asesoría requerida e incluir el resultado de las consultas a la iniciativa de ley.
Aseguró que la propuesta es un aporte trascendental para la sociedad hondureña, que merece un trato de alta responsabilidad y por ello se ha estructurado un proceso de formulación del nuevo Código Penal en cuatro etapas y dos años y medio de ejecución.
La primera etapa se realizó con respaldo del Programa de Apoyo al Sector Seguridad (PASS) de la Unión Europea (UE) y la contratación de tres consultores, uno internacional y dos nacionales, explicó.
La segunda fase, de agosto de 2014 a enero de 2015, contempla una amplia consulta en los 18 departamentos, con participación de la sociedad civil, organismos internacionales, empresa privada, universidades, municipalidades, Colegio de Abogados de Honduras y el sector público del ámbito de la justicia penal.
Explicó que en esa etapa, se desarrollará un congreso internacional en derecho penal y un diplomado con presencia de relatores sobre las distintas teorías, doctrinas y enfoques del derecho penal, a fin de conformar un dictamen de amplio respaldo académico, social, político, gremial y de las organizaciones sociales.
Asimismo, los medios interactivos como la Internet y página Web del Congreso Nacional, estarán sirviendo a esos sectores, además de un correo electrónico, para que las personas tengan la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el contenido del Código Penal.
Añadió que la tercera etapa, contempla la discusión y aprobación por parte del pleno Legislativo y a su criterio, todas las fuerzas políticas representadas, debatirán con altura, responsabilidad y alto sentido patriótico, antes de tomar una de las decisiones más trascendentales de ese poder del Estado representando por el nuevo Código Penal.
En la última parte, denominada vacatio legis, que culmina en julio de 2016, se retomara el camino ya recorrido de consultas a nivel nacional, para socializar la nueva propuesta y aprovechar para hacer las adecuaciones requeridas.
Oliva reconoció el trabajo de la comisión legislativa de dictamen, corresponsable de esa enorme tarea, así como la labor profesional y de alto nivel del equipo de abogados, consultores nacionales e internacionales, bajo la coordinación de la gerencia legislativa.
Al acto asistieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Penal, gabinete de gobierno y representantes de los distintos gremios y universidades públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil.