OABI inicia trámites para devolver bienes a exprimera dama Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras

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El Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Corrupción confirmó la resolución de una Corte de Apelaciones que ordena el regreso de 11 bienes incautados a la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, por el caso de la Caja chica de la dama.

La Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) inició ayer mismo el proceso de entrega de las propiedades de la exprimera dama.

El director de esta institución, José Luis Andino, dijo que en cuestión de días el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su familia estarán retornando a su vivienda.

“Puede ser un tema de dos a cuatro días, pero si los abogados no se presentan a la Oabi, el proceso podría ser tardado”, explicó.

Iván Martínez, apoderado legal de Rosa Elena Bonilla, dijo que solamente falta llevar a cabo un trámite administrativo que no debería tardar unas pocas horas.

Anunció que constatarán mediante un inventario el estado de cada uno de los bienes inmuebles, porque el expresidente Lobo denunció que su vivienda había sufrido severos daños.

El juzgado también emitió otro oficio al Instituto de la Propiedad con el fin de que se le instruya la prohibición de celebrar actos y contratos sobre esas propiedades mientras se resuelve en juicio si esas propiedades se declaran en comiso a favor del Estado o se le regresan definitivamente.

Rosa de Lobo guarda prisión en la Penitencia Nacional Femenil de Adaptación Social desde este 1 de marzo.

Según la acusación de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic), Rosa de Lobo transfirió 12 millones de la cuenta bancaria del Despacho de la Primera Dama a una cuenta personal pocos días antes de dejar el cargo.

También se le imputa malversar otros cuatro millones en compras de insumos escolares.

La Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción revocó el 26 de abril de este año las medidas de incautación de los bienes y los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, por los que la Ufecic la procesó el 27 de febrero de 2018.

Por estos dos ilícitos, el juzgado de primera instancia le había dictado auto de formal procesamiento.

En la misma resolución de la Corte de Apelaciones se modificó la acusación, por lo que se le imputaron los delitos de apropiación indebida y seis delitos de fraude cometidos en el grado de participación inductora.

La defensa de la exprimera dama ofreció una fianza de 16 millones de lempiras.

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