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Las penas establecidas en el nuevo Código Penal que está en discusión y aprobación en el Congreso Nacional, son mayores a los que contempla la legislación vigente para castigar la corrupción gubernamental, contrario a lo que critica la oposición.
Las penas aprobadas en el nuevo Código Penal en los delitos de malversación son las que surgieron del proceso de consulta con los especialistas, están contenidas en el dictamen de la parte especial que desde de enero se entregó a todas las bancadas. Se respetó el criterio técnico que llegó al pleno producto de las consultas.
En ese sentido, en los delitos de malversación, las penas de prisión no han bajado, las penas son incluso más altas que la legislación vigente:
Por ejemplo, el artículo 370 del Código Penal vigente penaliza la malversación de caudales públicos, con reclusión de dos a cinco años. Señala además una agravante de la pena dependiendo de la cuantía de lo malversado que va de seis a 12 años.
Sin embargo, en la versión que está aprobada (que es la misma que surgió de las consultas) la malversación tiene una pena de prisión de cuatro a seis años.
Además hay tres agravantes para este delito:
1) La pena será de seis a nueve años de prisión cuando lo malversado supera los 100 mil lempiras;
2) La pena puede llegar hasta 12 años, pues se incrementará en un tercio, cuando recae sobre bienes de valor histórico o cuando recae sobre bienes afectos a servicios públicos de primera necesidad, la salud o institutos de previsión social.
3) La pena puede ser aumentada hasta dos tercios, cuando lo malversado excede de 500 mil lempiras. En este supuesto dependiendo las circunstancias pueden haber penas hasta de 15 años.
Por su parte, el artículo 371 del Código Penal vigente regula la malversación imprudente, en el Código Vigente no tiene pena de prisión, sólo multa e inhabilitación, pero en el texto recién aprobado en el pleno tiene una pena de prisión de hasta tres años.
Asimismo, en el Artículo 371 del Código Penal vigente se regula la malversación por aplicación oficial diferente con una pena de privación de libertad de tres a cinco años y, con la versión que está recién aprobada en el pleno, la pena es de cuatro a seis años de prisión.
Además, conforme a lo establecido en el artículo 509 del nuevo texto penal, todas estas penas se agravarán dos tercios cuando estos delitos se comentan dentro de un grupo delictivo organizado o se afecten gravemente los servicios públicos. Es decir que en este último supuesto se pueden imponer penas de más de 15 años de prisión por malversación.
Como se puede apreciar con la moción los delitos de malversación tienen penas más altas que la legislación vigente, por eso no se puede hablar de que se han bajado las penas,
En resumen el actual código establece una pena máxima de 12 años, pero en el que se está aprobando puede aumentar esa pena hasta 15 años.
En el actual código la pena base por malversación de caudales es de dos a cinco años, no obstante, en el que se está discutiendo lo sube de cuatro a seis y por eso ya no lo hace conmutable, por lo que queda claro que las penas se endurecen en el nuevo Código Penal.