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Tenosique, México.
Los golpes al portón de la entrada principal despierta a más de uno entre los cientos de inmigrantes que a las 3:00 de la mañana intentan dormir en colchonetas sobre el piso del albergue «La 72», en el extremo sur del país, en Tabasco, al oriente de la frontera con Guatemala.
Digna Márquez, una mujer en silla de ruedas con un bebé de ocho meses en brazos y su esposo Pablo Andino buscan con urgencia un refugio temporal para pensar cómo llegar a EEUU después de recorrer casi 2 mil kilómetros desde Santa Cruz, Honduras, para ponerse a salvo de sus victimarios.
«Ayúdenos», suplica Andino al sacerdote Tomás González, fundador del albergue.
González fue «tomado por sorpresa» desde hace cuatro meses por el incremento de familias y madres solteras con niños y menores solos para quienes no hay condiciones de atención.
Falta leche, biberones, chupones, pañales, cuneros, medicamentos, pediatras, juegos e infraestructura para atender a los 15 niños centroamericanos (90% hondureños) que en promedio llegan cada día al albergue.
Ahora mismo hay 22 chiquillos durmiendo en el piso, en un cuarto que antes era sólo para unas cuantas mujeres. Y siguen contando en los cuatro albergues católicos de la frontera sur.
Una vez dentro de «La 72», los Andino dicen que huyeron de su pueblo porque un grupo de delincuentes hicieron quebrar con extorsiones su negocio de venta de verduras y después pretendían obligar a Pablo a cambiar las lechugas y tubérculos por cocaína y marihuana.
«Tienes hasta mañana para pensarlo o se muere tu hijo y tu mujer en la silla de ruedas», dijeron.
Y con esas amenazas no se juega. Lo saben quienes lidian todos los días con la violencia atribuída a los pandilleros maras como la hondureña Amelia Martínez, de 32 años, oriunda de Arenales, quien emigró hace dos días atrás con dos niños anémicos de 7 y 2 años de edad.