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El asesor legal del Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados, (GIA), Omar Claros, aclaró este miércoles que el gobierno de Honduras no está en mora en la contraprestación (arrendamiento) del Centro Cívico Gubernamental.
Aunque ya se ha trasladado personal de algunas entidades como la Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP) a las nuevas instalaciones, los plazos para la cancelación de obligaciones aún no han iniciado.
Inicialmente, destacó que «el proyecto viene a darle otra cara al gobierno de la República en cuanto a cómo va a prestar los servicios y cómo está gastando ese dinero ya que 20 millones de dólares paga al año por alquiler y esos alquileres van a dejar de pagarse con la ocupación del Centro Cívico, eso es importante».
Claros agregó que «quiero rescatar que sí era el momento idóneo y si fue bien pensado técnica y financieramente el proyecto; nuestra relación con el gobierno es buena, ha venido desde un proceso de curso internacional para poder iniciar la construcción de este edificio hasta llegar a la parte final, en donde hay dos temas importantes: la ocupación paulatina del Centro Cívico y la cancelación de los pagos a los financiadores», comentó.
«Y estamos seguros que el gobierno lo cumplirá en los momento que correspondan, de eso depende la formalización y autorización de diferentes pagos en el proceso; los plazos no están vencidos si lo vemos desde el punto de vista legal y contractual», aseguró.
Sin embargo, dijo que «estamos a las puertas de ello, nosotros el 15 de abril tenemos la obligación de culminar la construcción del Centro Cívico, a esa fecha esperamos contar con todo el personal en el Centro Cívico que son más de 9 mil personas y poder así hacer frente mediante los pagos del gobierno a los financiamientos de esta obra».
Acotó que «desde la perspectiva legal es emitir su autorización que recién acaba de emitir para una de las torres que es la que se está utilizando por la SAPP; es el primer paso que esperaríamos estar recibiendo de las demás torres del proyecto y formalizar una serie de acuerdos que tenemos en la mesa».
El asesor legal de GIA insistió que «financieramente el gobierno debe pagar el arrendamiento por el cual tenemos el Centro Cívico, eso es básicamente; no se llama arrendamiento sino contraprestación y quiero aclarar que el gobierno no está en mora en la contraprestación, no está en mora en el pago de ninguna obligación».
No obstante, señaló que «el próximo 30 de abril, que está a la vuelta de la esquina, nos corresponde cumplir algunas obligaciones que dependen de ese ingreso por parte del gobierno».
