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El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó al Ministerio Público (MP), para que, con el apoyo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), investigue de oficio los aspectos divulgados en juicios ventilados en Estados Unidos donde se involucra a líderes políticos hondureños.
Herrera Cáceres, también se refirió a los daños ocasionados, a Honduras, por parte del crimen organizado, la corrupción e impunidad.
“En Honduras, tanto el Estado como la sociedad hemos reconocido que sufrimos graves obstáculos y daños a nuestro proceso de democratización y desarrollo, provenientes del crimen organizado, la corrupción y la impunidad”, declaró.
Advirtió que esos males públicos son amenazas persistentes a la seguridad, a la superación de la pobreza y a la creación de condiciones que permitan, al pueblo, el goce efectivo de los derechos humanos y del bienestar nacional.
Agregó que esas amenazas irrespetan la dignidad de todas las personas, buscan debilitar la aplicación de la ley, la independencia y el funcionamiento debido de las instituciones judiciales y de los mecanismos independientes de control.
Además, aprovechan toda situación, para crear confusión y violencia que atemorice a la población, disminuya su confianza en la institucionalidad y en los procesos electorales que conduzcan a elecciones auténticas, libres y justas.
En ese contexto, el defensor del Pueblo, hizo énfasis en las declaraciones de personas, imputadas hondureñas, juzgadas actualmente por delitos de narcotráfico o crimen organizado, en los Estados Unidos de América, que implican supuestas relaciones con líderes y responsables políticos del ámbito nacional.
Indicó que, aun y cuando esas implicaciones no constituyan acusaciones ni prejuzgamiento de autorías o complicidades reales de las personas así relacionadas, repercuten, en el ámbito nacional e internacional, sobre la confianza en la firmeza de la sociedad y el Estado de Honduras.
También repercute en la consolidación de la democracia con la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de la protección, respeto y promoción de los derechos humanos de los habitantes, acotó.
En consecuencia, dijo que, como Estado y sociedad, es ineludible demostrar fehacientemente nuestro deber y voluntad colectiva de enfrentar esas amenazas y nuestro compromiso con el Estado de Derecho que concierne directamente al ejercicio del poder público y al comportamiento de las personas en sociedad.