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Las autoridades superiores del Ministerio Público encabezadas por el Fiscal General de la República, Abogado Oscar Fernando Chinchilla, acompañado del Fiscal General Adjunto, Doctor Rigoberto Cuéllar y el Director de Fiscales, Abogado Rolando Argueta, inauguraron este día la Unidad Especial para la investigación de casos en la región del Bajo Aguán.
Tegucigalpa, Honduras.
La apertura de esta oficina regional responde al compromiso asumido por las autoridades del Ministerio Público y también por las autoridades de la Secretaria de Seguridad a través del Director de la Policía Nacional Comisionado Ramón Sabillón, quien se comprometió en su momento, a apoyar de forma permanente las acciones del Ministerio Público con un número significativo de agentes de investigación y policías.
En ese sentido, la Unidad especial, surge después de un análisis por parte de las autoridades del Ministerio Público, en el que ven con preocupación los problemas de vulneración de Derechos Humanos en el sector.
En contraposición a esta realidad, el Ministerio Público reacciona con un enfoque inter institucional para evitar que se sigan vulnerando derechos fundamentales al constituirse en el sector para dinamizar las investigaciones y reducir los niveles de impunidad.
Esta Unidad Fiscal de Investigación de los casos en el “Bajo Aguán” contará con la activa participación de cuatro fiscales, debidamente certificados para hacer un trabajo de calidad que dé respuesta efectiva a las víctimas de los delitos.
Estos fiscales, orientarán técnica y jurídicamente las tareas de la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional y ambas instancias, en los casos que se requieran, coordinarán diligencias con otros entes de investigación y seguridad del Estado para de esta manera, dar respuesta positiva a la sociedad hondureña.
La Unidad de reciente creación investigará los hechos que tienen como resultado la pérdida de vidas para determinar las causas reales de estas muertes, lograr establecer quiénes son los responsables y lograr su enjuiciamiento y captura.
Este proyecto es apoyado por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) dependencia que ha destinado fondos para el inicio de actividades y operaciones de la Unidad y financieramente hablando, la sostenibilidad de la misma, es asumida tanto por el Ministerio Público como por la Secretaría de Seguridad.
Se prevé un proceso de inducción para todos los miembros de la Unidad, entre ellos fiscales, analistas e investigadores a fin que cuando se trasladen al lugar de los hechos apliquen los conocimientos adquiridos.
La sede de la Unidad será en la ciudad de Tocoa, en tiempo, está prevista para funcionar 24 meses, sin embargo, no se descarta que conforme a las necesidades y requerimientos los equipos de trabajo asignados permanecerán más tiempo en el lugar.
El funcionamiento de la Unidad regional, no suplantará el trabajo de las Fiscalías de Ceiba, Tocoa y otras oficinas locales.