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Tegucigalpa, 28 jul (EFE).- El Ministerio Público de Honduras asumió la investigación del secuestro de cuatro defensores del territorio garífuna, mientras la Procuraduría General reafirmó el compromiso del Estado con el cumplimiento de la sentencia impuesta por la CorteIDH por violar derechos de la comunidad Triunfo de la Cruz.
El titular de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Rommel Martínez, dijo este martes a periodistas que la pesquisa del secuestro, el 18 de julio, de los defensores del territorio de la etnia garífuna (negra) será liderada por el Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
«Recibimos un oficio de parte del Ministerio Público pidiéndonos que remitiéramos todo lo actuado, avances y resultados, porque ellos continuarán el diligenciamiento con otra agencia de investigación», subrayó Martínez.
Los secuestrados son Alberth Sneider Centeno, presidente del Patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz; Junior Rafael Juárez Mejía, Suamy Aparicio Mejía García y Milton Joel Martínez Álvarez, según las autoridades policiales.
Los cuatro defensores del territorio ancestral garífuna fueron secuestrados la madrugada del 18 de julio en la comunidad Triunfo de la Cruz, en el Caribe hondureño, por hombres armados que vestían chalecos con el logo de la DPI.
PROCURADURÍA REPUDIA SECUESTRO
Martínez destacó la existencia de «elementos muy valiosos y muy útiles» para la investigación del caso, por el que la semana pasada fue detenido un nacional
«Hay avances muy determinantes para que este caso se resuelva eficazmente a posteriori, todo esto lo hemos puesto a disposición del Ministerio Público, con quien mantenemos muy buena relación”, enfatizó.
La Procuraduría General de Honduras expresó en un comunicado que repudia «enérgicamente» los atentados que sufre la comunidad garífuna y condenó el secuestro de los cuatro líderes de la etnia negra.
Tras la denuncia del secuestro, los entes estatales de «manera diligente y con el mayor compromiso», realizan las investigaciones sobre el caso, enfatizó la institución hondureña, que además dijo que «confía» que el Ministerio Público y la DPI continuarán las acciones para salvaguardar la vida de los líderes e identificar a los captores.
Ratificó además «el compromiso institucional de coadyuvar en todas las acciones que por ley le corresponden, esperando que los tribunales competentes, en el momento procesal oportuno, impongan el peso de la ley a los responsables».
Dijo además que espera que la «aplicación de la justicia contribuya a restablecer la paz y la convivencia armónica en la referida comunidad».
TRABAJA PARA CUMPLIR SENTENCIA DE CORTEIDH
La Procuraduría General aseguró que el Estado ya ha «cumplido con varios de los puntos» de la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en diciembre de 2015 por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la comunidad Triunfo de la Cruz.
El caso tiene relación con distintos problemas en torno al territorio de esa comunidad, ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
«Se da seguimiento para cumplir las demás obligaciones estatales, acordando con los representantes de las partes priorizar puntos de mayor interés, como el saneamiento de tierras en la zona, que representa un mayor grado de complejidad por los distintos factores que inciden en su ejecución, sumado a ello, la emergencia sanitaria por la COVID-19», añadió.
La institución hondureña indicó que el Instituto Nacional Agrario inició una primera etapa para el «avalúo y saneamiento de las tierras» de la comunidad.
Sin embargo, las medidas de restricción de movilidad por la pandemia han «imposibilitado la continuación de las posteriores etapas», tal y como se ha informado «oportunamente» por la Procuraduría General a la CorteIDH el 7 de julio.
El Estado hondureño reafirma «la plena voluntad y compromiso de continuar ejecutando las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los puntos resolutivos de la sentencia», agregó.
La Procuraduría General de la República «reconoce la labor de los defensores de derechos humanos y repudia cualquier hecho en contra del bienestar e integridad de nuestros compatriotas», señala el comunicado.
