MP asegura se está avanzando en investigación por multimillonaria demanda perdida por la ENEE
Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en tu dispositivo, suscríbete ahora.
En el marco de la Operación Némesis VIII, el Ministerio Público inspeccionó y extrajo información y data digital en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En este se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018.
Por el que finalmente se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares ($37,115,352.99) sumado a las costas procesales.
Los investigados por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) son Jesús Arturo Mejía (exgerente) y otras personas no mencionadas en la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), indicó la Fiscalía.
Resultando necesario para los fiscales coordinar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la ampliación de diligencias en relación al periodo desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la ENEE.
De manera que, el caso en investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad.
No obstante, determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas, como se pretende en el proceso entablado por el Ministerio Público.
Otros casos
Por otra parte, en Némesis VIII que se ejecuta a nivel nacional, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la ATIC, acusó al director del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula (hasta 2010), José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
El exfuncionario, en el año 2004, hizo caso omiso a una orden judicial acerca de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que una corporación mantenía en cuatro consorcios, irrespetando la medida precautoria e inscribiendo la protocolización de actas de una de las empresas emanadas desde Georgia, Estados Unidos.
