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El presidente argentino anunció que invalidará la ley de movilidad jubilatoria destinada a recomponer los haberes que perdieron más del 25 por ciento de su valor en los últimos siete meses.
El mandatario justificó su decisión en su política de ajuste fiscal o “motosierra” y argumentó en un comunicado publicado por su oficina que «destruiría el programa económico del Gobierno» y que su aplicación implicaría un gasto exorbitante sin respaldo presupuestario.
Es que el recorte de las erogaciones del Estado se hizo en un 27 por ciento en base al recorte al sistema previsional por el cual se atiende a la realidad es que la mayoría de los jubilados y pensionados sigue soportando el mayor peso del ajuste según indica en un informe el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Tal es así que en los primeros siete meses del año, la motosierra podó 22,5 billones de pesos (el equivalente a casi 17 mil millones de dólares) comparado con 2023 a valores constantes.
En concreto, hoy más del 70 por ciento de los jubilados cobran la jubilación mínima que a partir de septiembre los jubilados de la mínima cobrarán unos $304.540 en mano (aprox. 225 dólares) y con la fórmula de actualización actual otorga aumentos por debajo de la tasa inflacionaria.
Este recorte inédito en la historia según indican los propios funcionarios del Gobierno es defendido por funcionarios de gobierno como el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios del Ejecutivo que aseguran que el equilibrio fiscal como «innegociable».
Mientras, el jefe del Ejecutivo catalogó la medida aprobada por toda la oposición parlamentaria como una medida «irresponsable» y «populista».
¿Qué dice la ley?
La ley estipula un aumento del 8,1% en las jubilaciones y ajusta el índice de actualización mensual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual contempla la inflación.
La ley también contempla un suplemento dinerario para garantizar que los ingresos totales de los jubilados no sean inferiores al valor de la canasta básica. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de la ley representaría un gasto adicional del 0,43% del presupuesto nacional.
