Magistrada Gaudy Bustillo asume Presidencia del Tribunal de Justicia Electoral
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En el marco de la presentación del Informe del Primer año de Gestión del Tribunal de Justicia Electoral, se realizó también la rotación de la Presidencia de este órgano en materia de Justicia Electoral, recayendo
en la Abogada y Notaria Gaudy Alejandra Bustillo Martínez quien desempeñará dicho cargo por un año, en el período correspondiente al 2020-2021.
Según el artículo 55 de la Constitución de la república, reformado mediante Decreto 200-2018, se establece que los miembros propietarios del TJE
elegirán al Presidente en forma rotativa por el término de un año.
En ese sentido y cumpliendo con lo aprobado según Acta Número Uno, el
Magistrado Eduardo Enrique Reina García, después de haber ejercido la
Presidencia por un año (2019-2020), presenta el informe de las gestiones realizadas y hace entrega de la Presidencia a la Magistrada Bustillo Martínez.
El Tribunal de Justicia Electoral es la máxima autoridad en materia de justicia electoral. Contra sus sentencias no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre Justicia Constitucional. El TJE funciona en forma permanente, con plena jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado, siendo una instancia de seguridad nacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta además, con los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera
expedita sus resoluciones.
La Magistrada Bustillo Martínez, velará por el cumplimiento de la Constitución de la República, convenios internacionales y demás leyes en materia electoral y será junto a todo su equipo de trabajo un pilar fundamental en el próximo proceso electoral del país.
Asimismo, asume con responsabilidad la Presidencia, de este importante órgano de justicia electoral para el fortalecimiento de la democracia
en nuestro país y se compromete a ejercer sus funciones con responsabilidad dándole continuidad a los proyectos en el marco
del Plan Estratégico Institucional, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y generar credibilidad y confianza en la
institucionalidad electoral.
