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Violaciones a los derechos humanos, torturas y detenciones sin el debido proceso.
Todas acusaciones que han llovido sobre los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en su respuesta a las protestas de más de una semana que han ocurrido en todo el país, impulsadas en su origen por algunos movimientos estudiantiles.
Este viernes, el presidente Nicolás Maduro invitó a corresponsales extranjeros al palacio de gobierno. Durante el encuentro BBC Mundo le preguntó: «¿Qué hará el Estado venezolano antes las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, como torturas y abusos, a los detenidos en las marchas opositoras?».
E insistió que funcionarios del cuerpo policial de inteligencia del Estado, el Sebin, desobedecieron órdenes expresas de acuartelamiento y que se presentaron en algunas marchas opositoras, portando armas de fuego.
«Estos funcionarios son la excepción dentro del departamento disciplinado del Sebin (…) ellos violaron las órdenes existentes. Por qué lo hicieron, no sabemos. Pero lo estamos investigando», indicó Maduro.
El mandatario además señaló que «tres o cuatro» funcionarios fueron entregados a la Fiscalía.
«Si hubiesen sido 10, entregamos 10», aseguró a BBC Mundo.
«Estos funcionarios son la excepción dentro del departamento disciplinado del Sebin (…) ellos violaron las órdenes existentes. Por qué lo hicieron, no sabemos. Pero lo estamos investigando», dijo.
Es la primera vez que el mandatario venezolano responde directamente a uno de los principales señalamientos al gobierno por presuntas acciones de violencia excesiva por parte de funcionarios del Estado o grupos armados.
En la mayor parte de sus intervenciones públicas en los últimos días ha mostrado principalmente videos y fotos de supuestos críticos del gobierno causando destrozos contra edificios públicos o instalaciones del Estado.
Hasta el momento hay al menos ocho muertos por las recientes protestas y 137 detenidos, de acuerdo a las más reciente cifras oficiales divulgadas este viernes.
¿Torturas?
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela, como Cofavic o el Foro Penal, han venido recopilando una serie de denuncias de personas que afirman haber sufrido abusos en detenciones.
Hay un caso que ha circulado ampliamente en redes sociales sobre una supuesta violación de una manifestante con un fusil. Una terrible historia que hasta el momento no ha sido verificada de manera independiente.
Pero también, en ocasiones con mayor credibilidad, han circulado numerosos videos de hombre armados, sin identificación aparente, disparando contra manifestantes.
También disparando contra edificios residenciales, en varias partes del país.
Algunos de estos hombres armados han sido identificados como miembros de «colectivos», que son descritos por la oposición como «grupos paramilitares» y por el oficialismo «como organizaciones sociales».
Uno de estos integrantes, reveló Maduro, fue también puesto a disposición de la Fiscalía, por haber ido armado (y fue acusado de disparar) en una reciente manifestación.
«Las órdenes que hemos dado es aplicar la ley y respetar a los ciudadanos».
Leopoldo López
El líder opositor Leopoldo López fue arrestado en conexión con los hechos violentos del pasado 12 de febrero.
Maduro afirmó que el dirigente opositor Henrique Capriles se ha comunicado con altos funcionarios del gobierno para denunciar presuntos casos de tortura en las últimas manifestaciones opositoras.
«Pero tengo una semana esperando que me los traiga. Si son verdad castigamos a los funcionarios responsables y los entregamos a la Fiscalía», aseveró.
«Para torturar se necesita que alguien de la orden y el comandante Chávez nunca dio la orden (…) y nosotros venimos de esa escuela».
La expectativa de los grupos defensores de los derechos humanos –en Venezuela y otros como Human Rights Watch y Amnistía Internacional- es que las denuncias se investiguen a fondo y que los responsables sean sancionados.
Según Maduro eso sucederá. «Yo sería el primero en ponerme al frente de una comisión especial».
El mandatario dijo que tiene plena confianza en los cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, pero admitió que ha habido “algunos casos y están en investigación”.
Su palabra será ahora puesta a prueba.