«Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018″según informe de DD.HH 2017 de EUA

Tegucigalpa, Honduras

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 «Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018».

Así se establece en una traducción libre del último informe de Derechos Humanos 2017 divulgado hace unas horas por el Departamento de Estado.

El documento, que evalúa la situación de derechos de todos los países del mundo, fue suscrito por el secretario interino de Estado John Sullivan.

El Informe de Honduras contiene 32 páginas pero en su resumen ejecutivo las primeras líneas fijan la posición en torno al proceso electoral hondureño.

«El país tuvo elecciones generales en noviembre. Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018», dice textualmente el resumen ejecutivo.

El Informe también establece textualmente que «los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones fueron libres».

Asimismo, señala que hubo disputa en torno a la equidad y transparencia de los resultados.

«Las autoridades civiles a veces no mantuvieron un control efectivo sobre la seguridad» dice textualmente el informe, sin embargo, establece que esta debilidad no fue generalizada.

El resumen ejecutivo también señala que Honduras es una «república constitucional y multipartidista».

Al igual que en el resto de países el informe también hace una radiografía de los asuntos más importantes relacionados con derechos humanos.

En el reporte de Honduras se incluyen supuestas muertes arbitrarias, una denuncia de tortura, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencia ilícita con la privacidad, asesinatos y amenazas a miembros de medios de comunicación por parte de criminales y criminalización de calumnias.

Además, cita casos de corrupción, incluso en la Judicatura, amenazas y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes; y violencia social contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Ante todas esas denuncias, el informe establece textualmente «el gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos».

Críticas al Poder Judicial

Sin embargo, el informe establece que «la impunidad existe en muchos casos, como lo demuestra el prolongado proceso judicial, pocas condenas de los perpetradores, y fallas en enjuiciar a autores de crímenes».

Hace referencia a autores de casos emblemáticos que datan de hace muchos años, tales como el asesinato en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González, el cual «disfruta la impunidad».

Seguridad

El informe también reconoce que «Elementos delictivos organizados, incluidas las bandas de traficantes de narcóticos locales y transnacionales, fueron los autores de crímenes violentos y cometieron actos de asesinato, extorsión, secuestro, tortura, tráfico de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, la comunidad empresarial, periodistas, bloggers, mujeres y otros miembros de poblaciones vulnerables».

Así se establece en una traducción libre del último informe de Derechos Humanos 2017 divulgado hace unas horas por el Departamento de Estado.

El documento, que evalúa la situación de derechos de todos los países del mundo, fue suscrito por el secretario interino de Estado John Sullivan.

El Informe de Honduras contiene 32 páginas pero en su resumen ejecutivo las primeras líneas fijan la posición en torno al proceso electoral hondureño.

«El país tuvo elecciones generales en noviembre. Los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente por un periodo de cuatro años que comenzaron en enero de 2018», dice textualmente el resumen ejecutivo.

El Informe también establece textualmente que «los observadores internacionales generalmente reconocieron que las elecciones fueron libres».

Asimismo, señala que hubo disputa en torno a la equidad y transparencia de los resultados.

«Las autoridades civiles a veces no mantuvieron un control efectivo sobre la seguridad» dice textualmente el informe, sin embargo, establece que esta debilidad no fue generalizada.

El resumen ejecutivo también señala que Honduras es una «república constitucional y multipartidista».

Al igual que en el resto de países el informe también hace una radiografía de los asuntos más importantes relacionados con derechos humanos.

En el reporte de Honduras se incluyen supuestas muertes arbitrarias, una denuncia de tortura, condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida, arrestos o detenciones arbitrarias, interferencia ilícita con la privacidad, asesinatos y amenazas a miembros de medios de comunicación por parte de criminales y criminalización de calumnias.

Además, cita casos de corrupción, incluso en la Judicatura, amenazas y violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes; y violencia social contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Ante todas esas denuncias, el informe establece textualmente «el gobierno tomó medidas para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos».

Críticas al Poder Judicial

Sin embargo, el informe establece que «la impunidad existe en muchos casos, como lo demuestra el prolongado proceso judicial, pocas condenas de los perpetradores, y fallas en enjuiciar a autores de crímenes».

Hace referencia a autores de casos emblemáticos que datan de hace muchos años, tales como el asesinato en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González, el cual «disfruta la impunidad».

Seguridad

El informe también reconoce que «Elementos delictivos organizados, incluidas las bandas de traficantes de narcóticos locales y transnacionales, fueron los autores de crímenes violentos y cometieron actos de asesinato, extorsión, secuestro, tortura, tráfico de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de los derechos humanos, autoridades judiciales, abogados, la comunidad empresarial, periodistas, bloggers, mujeres y otros miembros de poblaciones vulnerables».

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