Logran sentencia condenatoria por contaminación de aguas

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Tegucigalpa, Honduras.

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente, logró en Juicio Oral y Público su primera sentencia condenatoria por el delito de Contaminación Ambiental contra la Representante Legal de la Empresa Hondureña de la Construcción (EMHCO) Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa, en perjuicio del Estado de Honduras.

Según expediente, las investigaciones del Ministerio Público inician en el año 2009, a raíz de una denuncia de contaminación de las aguas del Río Sabacuante ubicado en las proximidades del Proyecto habitacional “El Tablón” en Tegucigalpa. Proyecto habitacional desarrollado por la empresa EMHCO.

En este sentido, la empresa, en el año 2007 contrajo obligaciones con la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) a través de un contrato de medidas de mitigación para poder ejecutar el proyecto residencial, por consiguiente debían cumplir con ciertas normativas ambientales y una de ellas era la construcción de una planta de tratamiento, para que al momento en que se habitara el proyecto residencial no cayeran esas aguas residuales en el Rio Sabacuante.

Asimismo, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente mantuvo coordinación con otras instituciones administrativas del Estado como ser el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA, la Dirección de Control y Evaluación Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente SERNA y la Secretaría de Salud, con el fin de comprobar plenamente a través de dictámenes técnicos, tomas y pruebas científicamente certificadas que se había consumado el delito ambiental.

El Ministerio Público aportó todos los elementos y por unanimidad de votos el Tribunal dictó sentencia condenatoria contra Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa por el delito de contaminación ambiental.

El artículo 92-B de la Ley General de Ambiente establece cuándo se ha producido un delito ambiental, según los agentes de tribunales asignados al caso es posible la pena abstracta de 3 a 10 años de reclusión y se considera además la imposición de multas por parte de la Procuraduría General de la República.

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