Ley Contra Lavado de Activos será conocida esta semana en el CN

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Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la comisión ordinaria de seguridad y prosecretario del Congreso Nacional (CN), diputado nacionalista por Valle, José Tomás Zambrano, confirmó este martes que en las sesiones ordinarias de esta semana de la Cámara Legislativa, se conocerá el proyecto de decreto para crear una nueva Ley Contra el Lavado de Activos, la que ya ha sido socializada y dictaminada.

Destacó que es una novedosa iniciativa que incluye el ataque frontal a la extorsión y la corrupción por lo que goza del pleno respaldo del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien ha dado énfasis al tema de la transparencia como uno de los pilares de la agenda legislativa para los próximos cuatro años.

El proyecto de decreto que será introducido esta semana para su discusión y aprobación ante el pleno del Congreso Nacional, incluye penas más severas también para los delitos de extorsión y hasta para los funcionarios que cometan actos de corrupción.

Zambrano aseveró que “los miembros de la comisión hemos terminado la socialización de la nueva Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que presentó y envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A mediados de febrero pasado, la CSJ envió al Congreso Nacional, el anteproyecto de una nueva Ley Contra el Lavado de Activos que derogaría la ley vigente que fue aprobada mediante decreto legislativo 45-2002, del 5 de Marzo de 2002, publicada en el diario oficial La Gaceta el 15 de Mayo de 2002.

“Se busca que la ley esté armonizada y acorde con el fin de cumplir con las obligaciones de carácter legal y social que se les han impuesto a los operadores de justicia para lograr una correcta, transparente, eficaz y eficiente prevención y combate de la delincuencia organizada y sus secuelas, expuso Zambrano.

El anteproyecto conformado por 97 artículos, delega funciones claras a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), pone término a las medidas de aseguramiento por el delito de lavado y establece cómo se hará la distribución y destinación de bienes una vez que un juez deje firme la sentencia que declare la privación definitiva del dominio o el decomiso de los bienes.

“Creo que tenemos resultados positivos sobre los nuevos alcances y atribuciones que tienen los diferentes operadores de justicia con esta iniciativa, desde trabajar en una comisión interinstitucional de prevención del delito de lavado de activos”, aseveró.

Indicó que la nueva normativa no sólo contempla sanciones y penas sino también trabajar en el tema de la prevención de la comisión del ilícito así como establecer nuevas atribuciones a la CNBS, a través de una unidad de investigación financiera, las que tenía ese organismo únicamente a través de un reglamento y ahora se eleva al rango legal.

“Ahora va a tener mayores atribuciones para que el sistema financiero le pase, de manera inmediata, información sobre transacciones dudosas o irregulares y la misma CNBS, la trasladará al Ministerio Público para que realice la investigación”, acotó.

Zambrano destacó que otro tema importante es que en la nueva figura o tipología del delito de lavado de activos, se incorporan todos los delitos de crimen organizado como el ilícito de la extorsión o cobro del impuesto de guerra que no incluye en la ley actual.
Agregó que un tercer ilícito, se refiere a la lucha contra la corrupción que se incorporaría al delito de lavado de activos a través de la figura de los delitos contra la administración pública.

Ejemplificó que en la actualidad, un funcionario público que actúa al margen de la ley y se le acusa de un delito en contra de la administración pública, en este momento no se le puede acusar por un delito de lavado de activos, pero con la nueva incorporación, perfectamente el Ministerio Público puede perseguir a un funcionario cuyos bienes, propiedades o activos, no concuerdan con sus ingresos patrimoniales, familiares o de su negocio.

Consideró que con la nueva normativa se da una mayor fortaleza al Ministerio Público ya que en este momento al funcionario sólo se le podía perseguir por el delito de enriquecimiento ilícito, pero hay que esperar un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) porque es un procedimiento que establece la ley, no obstante ahora, un funcionario que ha actuado al margen de la ley, la Fiscalía puede entablarle un proceso por lavado de activos si no concuerdan los bienes que posee.

Zambrano detalló que la nueva Ley Contra el Delito de Activos, contiene penas que van de los 15 a 20 años de reclusión y si se trata de un funcionario público, se le aumenta un cuarto de la pena.

Esas penas serán impuestas a quienes por sí mismos o por mediación, participen en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil que se refieran a la adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores para encubrir o simular los activos.

También se castigará a quien adquiera, posea, administre, custodie, utilice o transporte activos, productos, o instrumentos que procedan de los delitos de tráfico de drogas, de personas, de armas, de órganos humanos, hurto de vehículos, o robo a instituciones financieras. Se incluyen, asimismo, las acciones de fraude financiero, secuestro, extorsión, financiamiento de terrorismo, y cualquier otro que atente contra la administración pública, la libertad, la seguridad, el ambiente, o que no tengan justificación económica, detalló el influyente diputado nacionalista.

Igual se establecen nuevas modalidades de investigación por parte del Ministerio Público como la entrega vigilada, agentes encubiertos e intercepción de llamadas telefónicas que no contemplaba la ley actual e igual el destino que se le va a dar a los bienes incautados que maneja la OABI, ya que esa ley es un requerimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al Estado de Honduras para no aparecer en una lista gris como un país no colaborador a la lucha contra el lavado de dinero. Además, se da vida a la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, (CIPLAFT).

Esa instancia estará integrada por los representantes de la CSJ, la Fiscalía, la CNBS y la Oficina Administradora de Bancos y Seguros (OABI). Igualmente formarán parte de dicha estructura los delegados de las carteras ministeriales de Defensa, del Interior y Seguridad, así como el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (CNLCN).

Por otro lado, Zambrano indicó que esta semana se terminará de aprobar la Ley de Excarcelaciones por Razones Humanitarias la que entrará a su tercer debate y que ya no tiene carácter temporal como en un inicio sino una ley de carácter permanente que podría beneficiar a las personas que están privadas de libertad con sentencia o no, pero que tienen una enfermedad en fase terminal para lo cual un grupo de tres médicos tendría que emitir un dictamen certificado.

Advirtió que si algún médico quisiera involucrarse o incumplir o emitir un dictamen que no vaya apegado a la realidad podría ser sancionado con más de un millón de lempiras y también con la privación de libertad y así poder despejar cualquier duda que se pueda prestar para excarcelar a alguien que realmente no esté en una enfermedad terminal.

Añadió que para este miércoles se tiene agendada la solemne ceremonia para conferir a la ingeniera Irma Acosta de Fortín, la condecoración del Congreso Nacional Gran Cruz Placa de Oro y placa de reconocimiento por su gran trayectoria y servicios a favor de la sociedad. Asimismo, se espera conocer otros dictámenes de comisiones que se leerán durante las sesiones para ser aprobados en su primero y segundo debate, especialmente, algunos que incluyen el tema de energía.

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