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1. Que el Congreso emprenda un proceso de reforma legal electoral de forma transversal y con suficiente antelación a las próximas elecciones, consultando al CNE y al TJE, a las partes interesadas y a los expertos, para aclarar las incoherencias y las deficiencias de la legislación actual.
2. Reforzar la independencia del CNE frente a las interferencias de los partidos políticos para garantizar una administración técnica, profesional y despolitizada de las elecciones.
3. Garantizar la independencia financiera efectiva y la disponibilidad oportuna de fondos para que el CNE pueda desempeñar eficazmente las tareas que se le han encomendado.
4. Que el CNE se comprometa a seleccionar, capacitar y apoyar de forma coherente a todo el personal electoral para garantizar una organización y gestión independiente, imparcial y eficiente de las elecciones.
5. El CNE debería poner en marcha una estrategia de transparencia y comunicación pública más eficaz, que incluya la publicación rápida y completa de todas sus decisiones, la celebración de reuniones consultivas periódicas con los partidos políticos y la difusión continuada de información a todas las partes interesadas, especialmente en los periodos inmediatamente anterior y posterior a las elecciones.
6. Eliminar las restricciones al derecho al sufragio universal y adoptar medidas específicas para garantizar su ejercicio efectivo, así como la posibilidad de votar a los ciudadanos en prisión, en hospitales y con otras condiciones especiales que dificulten su participación en el proceso electoral.
7. Fortalecer las capacidades del CNE, de la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de Campañas (UFTF) y de los otros organismos que aplican la ley para prevenir y sancionar el uso indebido de los recursos administrativos e implementar, de manera oportuna, medidas disuasivas contra el incumplimiento de las disposiciones de financiamiento de las campañas, con el fin de contribuir al principio de igualdad de condiciones.
8. Reforzar las disposiciones relativas a la financiación del Estado a los partidos políticos y a los contendientes, incluyendo su pago oportuno y adecuado, y el control efectivo de los gastos de campaña antes de la jornada electoral para garantizar la igualdad de condiciones en la campaña.
9. Explicitar en la Ley Electoral que la normativa de campaña se aplica también en línea y en las redes sociales.
10. Introducir una ley sobre medios de comunicación públicos que permita desvincularlos del control directo del gobierno y convertirlos en auténticos medios al servicio del público, con independencia editorial y autonomía financiera.
11. Sustituir las penas de prisión por delitos de calumnia en los medios de comunicación por sanciones proporcionadas.
12. Reforzar la independencia de los medios de comunicación privados derogando las disposiciones relativas a la liquidación de las deudas fiscales y de licencias con la publicidad institucional.
13. Aplicar las disposiciones de la Ley Electoral relativas a la asignación de espacios gratuitos en los medios de comunicación estatales a los partidos y candidatos presidenciales.
14. Reforzar la legislación sobre protección de datos y privacidad para garantizar el derecho de los ciudadanos a la privacidad de sus datos personales, especialmente durante las elecciones.
15. Desarrollar medidas de cooperación para hacer frente a la desinformación electoral en línea y a la incitación al odio, como una red de expertos en colaboración, así como un aumento de los mecanismos independientes de comprobación de hechos.
16. Aprobar las disposiciones legales y aplicar mecanismos para proteger a las mujeres de la violencia política de género, de acuerdo con la propuesta de ley del CNE, y garantizar la aplicación de las sanciones.
17. Mejorar el acceso al DNI de los grupos minoritarios nacionales e implementar medidas efectivas para promover su participación política, como el reconocimiento de los órganos de decisión de las comunidades indígenas y definir mecanismos para valorar sus decisiones.
18. Incrementar los esfuerzos para incluir a los votantes con discapacidad en el proceso de votación en igualdad de condiciones, priorizar las formas autónomas de votación y aplicar medidas de ajustes razonables en las juntas receptoras de votos.
19. Reconocer la identidad de género tal y como la perciben las personas y permitir el cambio de nombre a las personas transgénero, tal y como exige la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
20. Aprobar la Ley de Procedimiento Electoral tal y como se establece en la Constitución para que el TJE tenga las herramientas necesarias para ejercer sus responsabilidades jurisdiccionales electorales.
21. Establecer plazos realistas para la presentación, la vista y la resolución de los casos preelectorales, especialmente en relación con el registro de candidatos, y para las peticiones postelectorales, dejando tiempo suficiente para la preparación de los casos tras la publicación de los resultados preliminares.
22. Que el CNE diseñe un sistema de tabulación de resultados con características de trazabilidad y mecanismos reforzados de control de resultados.
23. Que el CNE implemente un modelo de gobernanza eficaz con coordinación interdepartamental, funciones y responsabilidades claras, priorizando las necesidades de los procesos de votación y recuento sobre la solución tecnológica existente.
