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Emmanuel Macron ha decidido fijar cuotas de inmigrantes que podrán entrar legalmente en Francia, estableciendo un «techo» de inmigrantes aceptados en sectores laborales necesitados de mano de obra calificada. Se trata de una «revolución» pacífica, que Nicolas Sarkozy estudió y no llegó a consumar, el 2007.
Se presta al Gobierno francés el proyecto de anunciar en las próximas veinticuatro horas las grandes líneas de una iniciativa sin precedentes nacionales.
Según las grandes líneas del proyecto concebido por el presidente Macron, el Parlamento francés (Asamblea Nacional y Senado) fijará anualmente las cuotas de trabajadores extranjeros que podrán instalarse legalmente en Francia. Esas cuotas serán negociadas previamente por el gobierno, las distintas patronales y sindicatos representativos en los sectores de producción donde pudiera ser o no ser deseable la inmigración controlada y regulada.
Fijadas las cuotas, tras un debate parlamentario, anual, el gobierno adoptará medidas administrativas especiales para facilitar la instalación oficial de los trabajadores extranjeros legalmente aceptados incluso «invitados» a instalarse en Francia.
Sarkozy, el 2007, y Alain Juppé, alcalde de Burdeos, durante la campaña de las elecciones primarias de la derecha tradicional, el invierno del 2016, fueron los primeros defensores de un nuevo modelo nacionalde «inmigración aceptada y regulada».
Años más tarde, Emmanuel Macron estima que ese proyecto de «inmigración regulada y controlada» es el primer pilar del inmenso debate continental sobre tales cuestiones, agravado con las sucesivas olas de inmigración ilegal, que han contribuido a transformar el paisaje político europeo, desde el 2015.
Se presta a Macron la intención de dar al proyecto francés una dimensión europea, a través de una posible reforma de la política de seguridad interior y control de fronteras. Desde la óptica francesa, la lucha contra la inmigración ilegal pasa por la colaboración de los Estados europeos, entre ellos y con los Estados de sus diversas fronteras, mediterráneas.
La instauración de cuotas de inmigración legal y autorizada también tiene una dimensión política de gran calado electoral: evitar que la extrema derecha de Marine Le Pen tenga el «monopolio» de un debate nacional de primera importancia, incluso europea.