La corrupción es la violación más directa a los DDHH de las personas

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Tegucigalpa, Honduras.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, aseguró que la corrupción es la violación más directa a los derechos humanos, por lo que se vuelve indispensable luchar contra ese fenómeno y castigar a los responsables.

Lamentó que los tratados internacionales que se aplican en la actualidad, contra la corrupción, fueron elaborados y puestos en práctica sin tener presente el impacto negativo sobre los derechos humanos de las personas.

“La corrupción se constituye en una violación directa a los derechos humanos de las personas porque desvía recursos y esfuerzos públicos en detrimento de la capacidad y responsabilidad del Estado de hacer efectivo el cumplimiento de derechos como la salud, la vida, la seguridad, la justicia y el desarrollo”, explicó.

En diferentes escenarios, nacionales e internacionales, el ombudsman hondureño ha exhortado a sus colegas aglutinados en la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) hacer efectiva la lucha contra la corrupción y complementar la misma con un enfoque de derechos humanos.

El defensor del pueblo es del criterio que se deben evaluar los casos de corrupción que provocan violaciones de derechos de las personas o que obstaculizan su pleno disfrute.

Recomendó la urgente necesidad de complementar las formas actuales de combatir la corrupción con un enfoque en derechos humanos.

Recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó, en el 2013, una mesa redonda sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos de las personas.

A partir de enero del 2015, el CONADEH puso en marcha el Plan de Acción “Vanguardia de la Dignidad Humana” que tiene entre sus líneas estratégicas la “auditoria social” como instrumento de calidad para asegurar la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Herrera Cáceres declaró que la corrupción es un fenómeno, nacional y transnacional, que priva a los habitantes del acceso igualitario a servicios públicos eficientes y de calidad.

Además, reduce las oportunidades de progreso social de los pueblos afectando con mayor intensidad las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos y vulnerados de la sociedad.

Señaló que la corrupción también limita las posibilidades para erradicar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social.

En su informe anual 2014, el CONADEH establece que Honduras se encuentra en el grupo de países con las más bajas coberturas en seguridad social, alcanzando a la fecha un 16 por ciento de la misma.

Establece que la crisis financiera generada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por las irregularidades de la anterior administración deriva en la violación del derecho a la salud.

Pese a que Honduras cuenta con 1,716 establecimientos de salud, a más del 25% de la población no llega esa cobertura por lo que se le vulnera ese derecho.

De la población atendida, se estima que entre el 50-60% está cubierta por la Secretaría de Salud, aproximadamente un 16% por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y entre el 10-15% por el sector privado.

A lo anterior se suma que al menos un millón de hondureños no tienen acceso al agua potable y más de 1 millón y medio carecen de servicio de saneamiento básico.

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