La Coalición Anticorrupción de Honduras emite pronunciamiento sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Penal

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La Coalición Anticorrupción Honduras emitió un pronunciamiento sobre la aprobación del nuevo Código Penal a un día de su aprobación.

Entre las incongruencias que destacan es que se aprobaron más de 100 artículos sin el quorum correspondiente y que cuando se publico en el Diario Oficial La Gaceta le incluyeron varios artículos que no fueron discutidos y aprobados en el Congreso Nacional.

También mencionan que en su discusíon y aprobación, participaron diputados y diputadas que tienen juicios pendientes con la ley, precisamente porque han sido vinculados con actos de corrupción.

Pronunciamiento

Estamos a un día de que el Congreso Nacional ponga en vigencia, un instrumento jurídico que de acuerdo con los análisis de la Coalición AntiCorrupción y otras organizaciones expertas en el tema, es inconstitucional, porque se aprobaron más de 100 artículos sin el quorum correspondiente y cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, le incluyeron varios artículos que no fueron discutidos y aprobados en el Congreso Nacional.

Otro elemento que lo vuelve irregular, es que en su discusíon y aprobación, participaron diputados y diputadas que tienen juicios pendientes con la ley, precisamente porque han sido vinculados con actos de corrupción.

Este código, favorece la estructura de impunidad que durante muchos años, las elites políticas y económicas corruptas han construido para blindarse, creando normativas como el Decreto 116-2019, que limita las posibilidades de que los operadores de justicia protejan los derechos, garantías, libertades y bienes de la población hondureña.

De la forma como el Congreso Nacional pretende hacerlo vigente, este Código obstaculiza el castigo con penas severas, a quienes desde el poder, derrochan el patrimonio público y evaden la justicia porque reduce penas por enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, extorsión, femicidio, explotación sexual contra niñas y niños y atenta contra la libertad de expresión, entre otros delitos. Todo esto, refuerza la idea de que las elites les urge la entrada en vigencia de este instrumento de la impunidad.

Esto significa que si se comprueban los actos de corrupción denunciados sobre las compras para atender la pandemia, los saqueadores del erario podrían purgar condenas mínimas, pese a las decenas de muertes, miles de enfermos, el dolor, el daño directo que se ha hecho a la economía y el peligro a que han expuesto al personal médico y paramedico, a quienes ofrecemos nuestra gratitud y admiración por su valentía y entrega.

En este momento, es necesario recordar a diputados y diputadas, que el artículo 188 de la Constitución de la República, precisa que cuando hay un estado de excepción en el cual están suspendidos los derechos individuales y las garantías constitucionales, no pueden ponerse en vigencia nuevos delitos y nuevas leyes que regulen el tema penal.

Desde la Coalición AntiCorrupción, elevamos de nuevo la voz para expresar nuestro rechazo categórico a la intención del Congreso Nacional de desconocer la demanda popular de un amplio sector de la población, que exige la abrogación de este Código que la ciudadanía indignada ha bautizado como Código de la impunidad.

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