La CIDH responsabiliza a Honduras de la destitución de cuatro magistrados de la CSJ en 2012

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado en el que responsabiliza a Honduras por la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2012.

Según la notificación publicada este lunes, la CIDH encontró que la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira fue violatoria de diversas garantías judiciales y derechos fundamentales.

La CIDH ordenó una serie de medidas reparadoras, que incluyen el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y la adopción de medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales de independencia judicial.

El caso se remonta a 2012, cuando los magistrados fueron destituidos tras emitir tres fallos de inconstitucionalidad que fueron criticados por el entonces presidente Porfirio Lobo.

La CIDH determinó que la destitución de los magistrados se llevó a cabo por una autoridad sin competencia y constituyó una violación de la independencia judicial.

Además, señaló que esta acción representó una desviación de poder por parte del Congreso Nacional, que utilizó su facultad para castigar a los magistrados por sus decisiones y ejercer presión sobre el Poder Judicial.

La sentencia de la CIDH también destacó que el Estado hondureño violó el derecho a la protección judicial de las víctimas, ya que el recurso de amparo interpuesto por ellos no fue efectivo.

Asimismo, se determinó que el Estado no llevó a cabo una investigación adecuada sobre las amenazas y hostigamientos sufridos por los magistrados.

Esta decisión de la CIDH representa un llamado a Honduras para que fortalezca su sistema judicial y respete los principios de independencia y garantías judiciales, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

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