Julissa Villanueva denuncia que las armas y municiones que usaron en la masacre de cárcel de mujeres fueron ingresadas por la PN
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La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, lanzó una grave acusación contra la Policía Nacional al afirmar que fueron los propios agentes quienes permitieron el ingreso de armas, municiones y gasolina a la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara, lo que facilitó la masacre de 46 reclusas en junio de 2023.
Durante una intervención en el programa Frente a Frente de Televicentro, Villanueva señaló directamente al entonces director de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, quien ahora funge como secretario de Seguridad, como responsable de permitir el ingreso de estos materiales letales.
Según la funcionaria, tanto la cúpula policial como el Instituto Nacional Penitenciario (INP) estaban al tanto de los hechos.
«Quienes dejaron entrar e ingresar armas, municiones, quienes dejaron ingresar gasolina, combustibles, fueron nada más y nada menos que los de la Policía Nacional», denunció Villanueva, agregando que las escuchas telefónicas obtenidas revelan cómo se planificó el ataque que resultó en la muerte de las 46 mujeres.
Según ella, estos informes fueron enviados al entonces ministro de Seguridad y al director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), sin que se tomaran medidas para prevenir la tragedia.
La subsecretaria subrayó que «el 96 % de la munición encontrada en la escena del crimen era de la Policía Nacional», lo que refuerza su acusación sobre la complicidad de las fuerzas del orden en la masacre.
También criticó la cultura de silencio dentro de la institución, describiendo cómo la verticalidad en la policía impide que agentes denuncien a sus superiores, utilizando la frase «policía no come policía» para describir esta situación.
Villanueva expresó su preocupación por la aparente complicidad entre altos mandos policiales y el crimen organizado, destacando a figuras como Molina Moncada y Will Núñez, quienes han estado en posiciones clave dentro de la inteligencia policial y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco).
Finalmente, la subsecretaria reveló que ha entregado toda la información recolectada durante la investigación de la masacre al Ministerio Público, sugiriendo que la situación en las cárceles de Honduras es «grave» y continúa deteriorándose debido a la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
