Intervienen cárceles del país con 1,200 efectivos militares y policías

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La recien nombrada comisión Interventora de los centros penales del país, tiene plenas facultades para su accionar y retomar el control y seguridad de los reclusorios, afirmo el viceministro de Seguridad Luis Suazo, quien agregó que se cuenta con 1,200 miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para alcanzar el objetivo trazado.

El funcionario apunto que el Decreto de intervención permite a las autoridades interventoras decidir sobre todo el proceso administrativo y operativo con plenas facultades.

Recordó que la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INP) tiene un consejo directivo encabezado por su director, donde cada uno cumple sus funciones específicas y todas esas atribuciones han sido concedidas a la comisión interventora y no haya retrasos e ir avanzando.

“El propósito de la comisión es de inmediato tomar el control en los penales, no hay que olvidar quienes son las personas que están en los mismos, y entender que muchas de ellas, dentro de sus mismas organizaciones tienen dificultades”, detallo.

“Lo siguiente es establecer las bases para que dentro de seis meses iniciar un nuevo proceso con una institución más fortalecida”, señalo el abogado Suazo.

Explico que existe la necesidad de potenciar el recurso humano, para el caso, recién se inauguró la academia en servicios penitenciarios y solo se ha graduado personal en cantidades pequeñas para lo que exige el sistema y este proceso se debe impulsar y producir, para el 2020 unos mil hombres y una cifra similar el 2021 y contar con nuevas capacidades humanas.

Hace unos años, recordó, en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo se decidió una primera intervención y se nombró una comisión de transición, fuera del control de la secretaría de Seguridad y pasó al ámbito de Gobernación, pero esa comisión no cumplió su objetivo, no se depuró al personal solo se elaboró la nueva ley y creó el INP.

Sin embargo, el INP comenzó a trabajar con el mismo personal e iguales procesos y fue hasta que con las intervenciones que ordeno el presidente Juan Orlando Hernández, la reforma total del sistema y la inversión en nuevas estructuras y tecnologías que son las mejoras que hay ahora en estos centros penales.

Se ha avanzado de forma significativa, sin embargo, últimamente se han dado estos casos violentos en algunas cárceles, que ponen de manifiesto que aún existen problemas, porque a pesar de los esfuerzos siempre hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas y eso desvirtúa la inversión que se ha hecho, añadió el viceministro de Seguridad.

Para el caso, dijo Suazo, “una muestra de los avances se refleja en el costo que deben pagar para introducir un celular que antes andaba por 1,500 lempiras y hace tres meses se detuvo a tres personas a las que les pagaron un millón de lempiras por dos teléfonos y un Reuter satelitales para introducirlos al penal de Ilama y en ese caso era personal penitenciario”.

En tal sentido, los retos se toman en serio y este procesó va a trabajar muy fuerte en preparar al personal que va a trabajar en los penales.

En cuanto al control de las visitas a los reclusos y el respeto a los derechos humanos, dijo que en este caso no hay una separación entre esos derechos humanos y la acción de intervenir las cárceles de máxima seguridad.

“Hay regulaciones internacionales que el país ha estado cumpliendo, se habló mucho de estas cárceles que servían para violación de derechos humanos y hasta el día de hoy se permiten las visitas abiertas a toda organización con tal fin y no ha habido alguna demanda internacional, por supuesto hay a veces problemas con organizaciones” pero las regulaciones se cumplen cono lo indican los convenios firmados.

Para el Caso, recordó que el presidente Hernández mostro su malestar de forma abierta por unas resoluciones judiciales emitas por jueces en El Progreso y San pedro Sula, en contra de la ley que establecía que estos reclusos no podían estar encerrados, que el horario es de ocho horas de esparcimiento, otras ocho en actividades de formación y otras para descansar y no estar encerrados.

Esa, dijo el viceministro Suazo, “fue una situación difícil para los encargados de los penales por temor a ser procesados y eso se debe revisar porque a raíz de esa sentencia se dieron problemas, tanto dentro de las cárceles como fuera de estas con amenazas a los responsables y a sus familiares”.

También con las visitas, donde hay una tensión dinámica, de un lado están los derechos de las personas y en otro la seguridad y el tema es buscar donde situarse, se ha ordenado las visitas, antes cualquiera iba a los penales sin control alguno, ahora hay un ordenamiento con buenos resultados, donde cada recluso puede recibir a tres parientes, se confirma si tienen antecedentes penales. Sin embargo, son varias las fuentes por las cuales estos criminales se comunican afuera.

Incluso, señalo, existen abogados que van más allá de su ética profesional y mucha gente que sufre amenazas o son participantes activos de llevar y traer mensajes y órdenes, pero la visita es un derecho establecido.
Se va a retomar el curso de la acción y ya hay pasos para reconstruir el proceso y asegurarle a la población que la comisión interventora esta preparada para llevar adelante el proceso y tomar decisiones en cuanto a las falencias que se han encontrado, concluyó Luis Suazo.

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