Informe presentado por Junta Interventora del IHSS confirma corrupción

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Tegucigalpa, Honduras

El informe publicado este jueves por la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), confirma la “corrupción institucionalizada” en ese ente asistencial.

Durante la presentación del documento estuvieron presentes los interventores: Vilma Cecilia Morales, Germán Leitzelar y Roberto Salinas.

El informe muestra en detalle los hechos acumulativos que han agravado la crisis a través de varios períodos de gobierno, así como de los partícipes de las decisiones tomadas y documentos esenciales que respaldan lo investigado.

En el caso de la deuda total del Régimen de Enfermedad y Maternidad asciende a 6 mil 399 millones de lempiras. Asumiendo el respectivo escenario de arreglo de pago para la amortización de la deuda anterior señalada, los egresos a nivel de febrero superan más de 600 millones de lempiras.

Otro de los hallazgos del informe establece que la institución realizó compras no justificadas, sin atender las principales prioridades y sin licitación presupuestaria real.

Entre compras y contrataciones le costarían al IHSS más de 4 mil millones de lempiras, lo que representa a la fecha un 33 % del patrimonio históricamente constituido por los derechohabientes desde 1962.

En otro apartado, Morales expresó que “la junta directiva incumplió en forma reiterada el artículo 58 de la Ley del Seguro Social, al efectuarse préstamos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al régimen de Enfermedad y Maternidad (EM), que a junio de 2013 asciende a mil 910 millones. Dichos valores son técnicamente impagables en las condiciones de los flujos actuales del régimen de Maternidad y Enfermedad”.

El destino de estas transferencias no cumplió el supuesto objetivo por el que fue aprobado por la junta directiva del IHSS.

El documento desnuda sobrevaloraciones en compras y contrataciones del IHSS por más de un 40 % de los valores reales de mercado, es decir, pagos en exceso por unos mil 600 millones de lempiras.

También en la compra y contrataciones de equipo, suministros y servicios, el IHSS no ha cumplido los procedimientos adecuados que establece la Ley de Contratación del Estado.

Solamente en 2013, en el rubro de servicios personales y su ejecución presupuestaria, presentó una sobre ejecución de 882 millones de lempiras, es decir un 147 por ciento del presupuesto aprobado que fue de mil 851 millones y se ejecutó 2 mil 733 millones.

La Comisión Interventora prometió que en 15 días se entregará una propuesta integral de reforma del sistema de Seguridad Social, incluyendo un plan de acción que contempla las actividades a realizar, a fin de lograr una completa transformación y mejora del sistema para otorgar una protección social digna para los derechohabientes.

La interventora Rosales reconoció que “el Instituto de Seguridad Social atraviesa su más grave crisis financiera actuarial y administrativa de la historia”, lo que queda evidenciado en este primer informe presentado este día al presidente Juan Hernández y que también será trasladado al Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y Transparencia Internacional (TI).

Aseveró que “en el IHSS no ha existido un proceso adecuado en la selección, contratación, calificación, supervisión y evaluación del personal, lo que ha llevado a que exista una sobrepoblación de empleados que no es acorde con las necesidades de la institución”.

Refirió que en los dos últimos períodos (2006-2010 y 2010-2014), el crecimiento laboral fue desmedido; actualmente hay 6 mil 011 empleados, en 2005 habían 3 mil.

Una de las recomendaciones que hace la Comisión Interventora, es gestionar ante el Poder Ejecutivo y Legislativo la aprobación de recursos que permitan cubrir las necesidades que atraviesa el IHSS. Establecer un mecanismo viable de pago de la

deuda que el Estado mantiene pendiente con el IHSS de conformidad con el artículo 55 de

La Ley del Seguro Social que a la fecha asciende a 2 mil 720.47 millones.

También, sugieren implementar un mecanismo ágil de cobro de las diferentes deudas del sector empleador que a la fecha ascienden a 804.66 millones de lempiras.

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