Informe destaca la necesidad de desmilitarizar y resolver conflictos de tierras en el Bajo Aguán
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Un informe presentado en Tegucigalpa señala que Honduras debe abordar el problema de tierras y desmilitarizar la región del Bajo Aguán en el Caribe para resolver el conflicto agrario que ha resultado en la muerte de más de 200 personas en los últimos años. El estudio, elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia de Honduras (Cespad), destaca que la causa principal de la violencia en la zona es la disputa por la legalidad de las propiedades.
El conflicto se centra en un movimiento agrario masivo y un grupo poderoso de agroexportadores de palma africana con fuertes vínculos históricos con el poder estatal. El informe sostiene que en los últimos 12 años, el Estado ha utilizado sus principales órganos de represión, como la Policía, el Ejército y los tribunales de justicia, en una estrategia de guerra para desarticular el movimiento agrario.
El documento destaca que la militarización en la zona persiste, pero la acción represiva ha sido neutralizada por el Gobierno, y se enfatiza la necesidad de implementar una estrategia de desmilitarización y crear un ambiente de respeto a las libertades democráticas y los derechos humanos.
Raúl Ramírez, secretario de la Plataforma Agraria, informó que en el Bajo Aguán han perdido la vida más de 200 personas en los últimos años, en su mayoría campesinos. Señaló que el conflicto es estructural y el Gobierno no ha logrado resolverlo hasta el momento.
El informe concluye que el conflicto, tras 12 años, continúa abierto y es el más largo y violento de la historia de Honduras. Se destaca la importancia de la negociación y la construcción de un acuerdo integral entre los principales actores involucrados para abordar el problema en todas sus dimensiones. Además, se insta al Gobierno a resolver la impunidad y garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición en el Bajo Aguán.
