Impulsan Plan de Atención de Emergencias para recuperar bienestar de familias y empresas

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Ante la emergencia nacional provocada por los dos desastres naturales: Eta e Iota, sumado al impacto provocado por el COVID-19, que ha sumido al país en una situación de calamidad pública, el Gobierno de la República desarrolló un plan de acción que orienta recursos de manera ágil, eficiente y transparente para emprender la reconstrucción y, sobre todo, atender a las familias y empresas afectadas en todo el territorio nacional.


El Plan de Atención a la Emergencia se divide en tres fases: en la primera a ejecutarse entre noviembre y diciembre se enfocarán los esfuerzos en la ayuda humanitaria, llevando auxilio a los distintos albergues y apoyando el retorno de los damnificados a sus viviendas mediante transferencias focalizadas.


La segunda fase está contemplada para desarrollarse a mediano plazo. En el periodo entre noviembre del presente año y junio del 2021, donde el Gobierno trabajará en la rehabilitación de los servicios básicos e infraestructura vial, iniciando con el restablecimiento de los accesos a las comunidades aisladas.


Por su parte, en una tercera fase se atenderá la reconstrucción y recuperación económica, la ejecución y aceleración de proyectos estructurales que puedan generar empleo y restaurar los servicios básicos, específicamente en los sectores de infraestructura y agrícola, así como también mediante la gestión de recursos hídricos, gobernanza y de seguridad.


El ministro de Finanzas, Marco Midence, manifestó que el paso de los fenómenos tropicales Eta e Iota por el territorio de Honduras generó una situación de emergencia a nivel nacional que agrava la crisis económica y social provocada por la pandemia.


“Con la emergencia COVID-19 se estimaba una caída de la economía del 7% anual, ahora debe agregarse los efectos devastadores de Eta e Iota, que han tenido los mayores daños en el sector agrícola y en la infraestructura: destrucción de puentes, viviendas, carreteras, agua y saneamiento, escuelas y unidades de salud, y como resultado de estas pérdidas se han agravado las condiciones de vida de la población más pobre y la vulnerabilidad socioeconómica del país” manifestó Midence.

En este sentido, el funcionario expresó que se ha construido una hoja de ruta que define, la identificación y evaluación de daños y pérdidas, acciones de atención a la emergencia, y un Plan de Reactivación y Reconstrucción Nacional, así como la gestión de recursos de una forma coordinada y de forma estratégica con apoyo nacional e internacional. “Como resultado de un trabajo en conjunto con diversos sectores, se tiene una estrategia clara y definida de las medidas adecuadas para enfrentar los efectos devastadores de las tormentas tropicales Eta e Iota, sin desentendernos de la lucha que venimos librando en contra de la propagación de la COVID-19”, apuntó.


La disciplina fiscal que la administración del presidente Juan Orlando Hernández ha evidenciado durante su gobierno, ha permitido que organismos cooperantes pongan a la disposición recursos financieros para la atención de la emergencia, algunos de ellos mediante fondos no reembolsables; sin embargo, la primera fuente de recursos nace de la reorientación de recursos del presupuesto nacional.


Para ampliar los alcances del Plan de Atención a la Emergencia, el 13 de noviembre, el presidente Hernández sostuvo una reunión con los presidentes de Guatemala y Nicaragua, y ambos países se sumaron a la propuesta de la Agenda Estratégica Centroamericana propuesta por Honduras, pues los fuertes embates de los desastres naturales son una consecuencia de la vulnerabilidad como región al cambio climático.


Asimismo, se han sostenido reuniones con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial y contamos con el apoyo del Sistema de Naciones Unidades.


El Plan de Emergencia, también contempla la instauración de un Grupo Consultivo conformado por la cooperación internacional, el G-16, la sociedad civil, el sector privado y el Gobierno. “Esta será una instancia de alto nivel cuya prioridad es lograr la reconstrucción del tejido social y productivo, reduciendo la vulnerabilidad económica, social y climática” enfatizó Midence.

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