Iglesias de Florida condenan una severa ley migratoria que criminaliza su ayuda a indocumentados
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Un proyecto de ley (SB 1718) en manos de la Asamblea Legislativa de Florida tiene en alerta no solo a la comunidad inmigrante en ese estado del sureste de Estados Unidos, sino también a las iglesias. Temen que si el gobernador Ron DeSantis (republicano) le da su firma, las iglesias correrán el riesgo de recibir sanciones penales por trasladar a indocumentados a servicios de adoración y estudios bíblicos, o por brindarles ayuda humanitaria.
“Es desgarrador que se haya propuesto esta agresión (la iniciativa de ley) a la libertad religiosa”, dijo Myal Green, presidente y director ejecutivo de la organización humanitaria evangélica World Relief, se lee en la página web del Christian Today. “Esa es una propuesta que criminalizaría compartir el amor de Jesús con algunas de las personas más vulnerables de la sociedad”.
La semana pasada, los grupos evangélicos de Florida realizaron una protesta fueras de la Asamblea Legislativa estatal, en Tallahassee. Pidieron a los republicanos y al gobernador DeSantis, que respalda la iniciativa, dejar sin efecto el proyecto de ley.
Durante una conferencia de prensa del World Relief y la Mesa Evangélica de Inmigración el jueves, los líderes religiosos y ministerios de Florida detallaron los efectos negativos que creen sufrirán las iglesias si el proyecto 1718 se convierte en ley.
Advirtieron que no solo podría estar en peligro el transporte de inmigrantes a los eventos de la iglesia, sino también a hospitales, citas médicas, oficinas de abogados y escuelas.
La comunidad evangélica estima que en Florida viven unos 700,000 inmigrantes indocumentados y que un eventual impacto de la legislación republicana en manos de la Asamblea podría convertir a Florida en el estado con la ley migratoria más dura de Estados Unidos.
Cabe señalar que el voto evangélico y católico es clave en la elección presidencial y el gobernador DeSantis es uno de los precandidatos presidenciales del Partido Republicano para las elecciones generales de noviembre de 2024, en la que también compite el expresidente Donald Trump.
La Iglesia Católica se suma a las criticas
En términos similares se pronunció la semana pasada la Iglesia Católica del sur de Florida. “Nuestro sistema de inmigración roto frustra a todos”, dijo el arzobispo de Miami, Thomas Wenski. “Y en Tallahassee, el proyecto de ley del Senado 1718 nace de esa frustración”.
El religioso agregó que durante más de 20 años, el Congreso de Estados Unidos “no ha logrado promulgar una reforma migratoria integral que promueva la unificación y la estabilidad familiar, asegure la participación de los recién llegados en los derechos y responsabilidades de la ciudadanía, y asegure una fuerza laboral legal necesaria para el crecimiento económico y la prosperidad de todos”.
Sin embargo, agrega, “la política de inmigración es responsabilidad del gobierno federal y no de los gobiernos estatales”, recordó, un señalamiento que incluso ha sido ratificado en fallos judiciales.
Para Wenski, el proyecto de ley no plantea soluciones para la llegada de migrantes a la frontera sur. En su lugar, asegura, “traerá un daño real a las empresas, a los lugares de culto, a las escuelas, a la salud pública y a la seguridad de Florida, así como a los propios migrantes”.
Por ejemplo, señala, “criminalizaría la empatía al expandir la definición de tráfico de personas”. De ser aprobado, asegura, “cualquiera que ofrezca llevar a un inmigrante indocumentado de la iglesia, la escuela o el lugar de trabajo podría ser acusado de un delito grave de tercer grado”.
“Exigir a los hospitales que recopilen datos sobre el estatus migratorio de los pacientes desalentaría a los migrantes para buscar atención médica oportuna y terminaría sobrecargando las salas de emergencia de los hospitales”, condenó.
El arzobispo de Miami también dijo que los impulsores de este proyecto de ley “quieren descargar sus frustraciones sobre los migrantes con diversas medidas punitivas que injustamente los satanizan”.
La postura del gobernador DeSantis
En febrero, Univision Noticias reportó que el fantasma de la deportación volvió a rondar a la comunidad inmigrante de Homestead, una localidad agrícola ubicada al sur de Miami, Florida, tras el anuncio del gobernador Ron DeSantis de enviar a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para aumentar la persecución de indocumentados.
Tras la firma de una controvertida ley migratoria que permite el traslado de inmigrantes indocumentados a estados gobernados por demócratas, DeSantis generó una ola de críticas a nivel nacional al afirmar en su cuenta de la red social Twitter que Florida estaba utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a sus ciudadanos de las políticas de frontera abierta del presidente Joe Biden.
“Me complace haber firmado una legislación para continuar con el programa de transporte de extranjeros ilegales a jurisdicciones santuario. Agradezco a la legislatura por mantener esta valiosa herramienta”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Lo que no dijo el gobernador de Florida en ese momento, es que muchos de los indocumentados que estaba trasladando no eran ilegales sino extranjeros que fueron detenidos en la frontera por agentes federales de inmigración, pasaron la primera etapa de miedo creíble, fueron procesados y luego, por no constituir una amenaza a la seguridad nacional y pública, se les permitió esperar en libertad la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración, donde tienen el derecho a pedir asilo.
De qué se trata el proyecto de ley SB 1718
La iniciativa de ley SB 1718 (HB 1617 en la Cámara de Representantes de Florida) puede criminalizar a todos los residentes de Florida, “no solo a aquellos que abren su hogar, negocio, vehículo o lugar de culto a una amplia categoría de inmigrantes”, advierten las organizaciones pro-inmigrantes.
Algunas claves del proyecto:Prohíbe el uso de licencias de conducir válidas de otros estados en manos de indocumentados.
Obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales.
Modifica reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados.
Aumenta las multas por emplear a inmigrantes indocumentados.
Castiga con mayor severidad a los reincidentes por contratación ilegal.
Impone severas penas de cárcel a extranjeros que, a sabiendas, utilicen papeles falsos.
Establece el uso obligatorio del programa federal E-Verify.
Establece auditorías aleatorias de empresas para verificar cumplimiento del uso del E-Verify.
Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.
Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA).
Establece multas y penas de cárcel para quienes transporten indocumentados (no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos).
Criminaliza la estadía indocumentada, aunque se trata de una falta de carácter no criminal.
Crea sanciones penales para quienes reciben a una amplia categoría de inmigrantes en sus hogares, negocios, vehículos o lugares de culto.
Autoriza a los alguaciles en las cárceles del condado para tomar muestras de ADN cuando se arresta a un inmigrante y se emite una orden de detención de ICE.
