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Tegucigalpa, Honduras.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se suma a la preocupación por los múltiples casos de corrupción en instituciones estatales hondureñas, en los que ya es del conocimiento público la participación de altos funcionarios de la administración gubernamental. Esta situación evidencia la significativa penetración de grupos criminales en el Estado hondureño.
El Icefi señaló que el fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, traducido ahora en la falta de medicinas, materiales y asistencia médica en general, es una muestra de que la corrupción no es un mal menor, y que es capaz de matar. Por esta razón, exige erradicar la corrupción y recuperar el funcionamiento correcto del sector público, así como adecentar prácticas privadas.
El Instituto espera una aplicación correcta, pronta y objetiva de la justicia, sin distinción de ninguna clase y poniendo igual peso para corruptos y corruptores. Sin embargo, expresó dudas sobre la correcta aplicación de la justicia ante el debilitamiento institucional del Estado, pues el sistema de administración de justicia ha demostrado incapacidad para prevenir y castigar la comisión de delitos. El Instituto señaló que la falta de separación de los poderes del Estado menoscaba su equilibrio y los necesarios pesos y contrapesos, propios de una democracia funcional.
Por esta razón, el Icefi apoya el clamor de la ciudadanía hondureña para la instalación de una comisión internacional contra la impunidad, similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que ha demostrado altos niveles de efectividad en el país vecino, al desmantelar estructuras criminales en la administración tributaria, el seguro social y el organismo judicial guatemaltecos, las cuales se alimentaban de la acción de funcionarios corruptos. A criterio del Instituto, un convenio entre el gobierno de Honduras y la ONU para la creación de un ente independiente y especializado, con capacidades especiales para realizar investigaciones y acusar a los corruptos y corruptores, constituiría una muestra de voluntad política de las autoridades hondureñas.
Asimismo, el Icefi propone un diálogo nacional inclusivo, sin precondiciones, con una agenda bien definida y sujeta a la verificación de resultados, que busque recobrar la confianza en el sistema político. Recomendó que dentro de los acuerdos alcanzados en un diálogo legítimo e inclusivo, se incluyan temas como la equidad tributaria, la transparencia fiscal (ingresos y gastos públicos) la eficiencia y efectividad del gasto público y el fortalecimiento de la capacidad ciudadana para ejercer auditoría social, elementos que coadyuvan a prevenir la corrupción. Además, instó a detener las acciones gubernamentales orientadas a desmantelar el sector público, como las concesiones o la privatización, las cuales afectan la posibilidad de una administración pública efectiva frente a las demandas de la sociedad.
Finalmente, el Icefi instó al gobierno de Honduras a responder con madurez política a la demanda ciudadana, demostrando apertura, sensatez y buen juicio en la búsqueda de acuerdos nacionales que permitan combatir efectivamente la corrupción y colaborar con la aplicación de la justicia. Manifiesta que el clamor ciudadano expresado en diferentes manifestaciones debe ser tomando en cuenta, y asumir el reto de reformar el sector público, recuperándolo como un aliado para el desarrollo económico y social de Honduras.