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Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arriba este día al país a aplicar la revisión del Artículo IV a la economía hondureña durante dos semanas y de paso las autoridades del país presentarían el borrador de cara a la suscripción de una nueva carta de intenciones con el organismo.
La comitiva la encabeza el jefe de misión para Honduras, Esteban Vesperoni y varios economistas del FMI que se reunirán con los funcionarios del Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Finanzas (Sefin).
También con las autoridades y equipos técnicos del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora.
Ya existe un trabajo adelantado, según miembros del Gabinete Económico, en vista que del 8 al 14 de este mes hubo varios encuentros con los funcionarios del FMI en Washington, Estados Unidos, en el marco de las Reuniones de Primavera junto al Banco Mundial.
El Gabinete Económico aprovechó para presentar el plan de rescate integral del sector eléctrico hondureño que incluye la reestructuración del sector y el reperfilamiento de la deuda histórica de la estatal eléctrica.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) arrastra una crisis financiera desde años atrás y los compromisos se estiman en alrededor de 2,400 millones de dólares, para lo cual será necesario el aval del FMI mediante un acuerdo “stand by” que podría ser de 12 a 18 meses, según expertos.
No obstante, en estas dos semanas de estadía, la misión del FMI se concentrará en revisar la salud macroeconómica del país, analizando el comportamiento y las proyecciones de indicadores como el déficit fiscal, los niveles de endeudamiento público y privado.
Además, la inflación, niveles de reservas en moneda extranjera o la posición externa del país, la balanza de pagos o el déficit de la cuenta corriente, el crecimiento económico y la captación de impuestos.
La Consulta del Artículo IV es un requisito que aplica el organismo todos los años a los países miembros y la última vez fue a mediados del año pasado cuando la misión dio por finalizado el acuerdo “stand by” con el que respaldó el ordenamiento de las finanzas públicas por un periodo de 36 meses que duró el compromiso.
En ese momento, los personeros del FMI valoraron varios aspectos, tales como “grandes avances del programa, la reducción de los desequilibrios macroeconómicos y las mejoras institucionales, en particular el establecimiento” de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).