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Tegucigalpa, Honduras.
Después de prohibir la distribución, venta y uso de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y luego de engavetar el Proyecto de Ley para su legalización a inicios de este año, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se enviaron diferentes mensajes para que la comunidad nacional e internacional interprete el tema con una perspectiva más amplia.
Mónica Arango, Directora Regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, expuso su percepción: “siendo muy sincera, parecen como si fueran ustedes un país del medievo, realmente con muy poco respeto frente a temas complicados o difíciles. La negación o la prohibición de la anticoncepción de emergencia con los índices de violencia sexual que tiene Honduras es realmente una cosa inentendible, que no tiene ninguna explicación racional”.
Sus declaraciones surgieron al final del foro Anticoncepción de Emergencia y Derechos Reproductivos en Honduras: Desafíos pendientes, organizado por el Grupo Estratégico para la Legalización de las PAE y la UNAH, que se posicionó nuevamente a favor.
Arango, brindó la conferencia denominada “Los derechos reproductivos como derechos humanos: el marco de actuación de acuerdo a los estándares internacionales”, en la que explicó los argumentos que dan a los derechos reproductivos sexuales el carácter de derechos humanos y la obligación que el Estado de Honduras tiene para garantizarlos.
Derechos reproductivos son derechos humanos
“Los derechos reproductivos son derechos humanos conforme al derecho internacional”, dijo la abogada colombiana poco después de iniciar su conferencia. Si bien, la mayoría de los acuerdos internacionales no mencionan las frases derechos sexuales o derechos reproductivos, las interpretaciones en el derecho internacional los reconocen como derechos humanos.
Según explicó Arango, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ha hecho recomendaciones y observaciones a los Estados parte, reconociendo que los derechos reproductivos están enmarcados bajo la igualdad, por lo que si la mujer es la única sujeta de no gozar de ellos es una cuestión de discriminación en salud sexual y reproductiva.
Como ejemplo, el Comité de la CEDAW reconoció, en el 2011, que el estereotipo que recae sobre la función reproductiva de las mujeres afecta y sobrepone negativamente los derechos del feto por encima de los derechos de la mujer.
Sobre Honduras
De acuerdo con las investigaciones hechas por Arango, en el derecho internacional se reconoce que “la denegación a la anticoncepción de emergencia vulnera los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad personal, a la intimidad, a la salud y a la vida, entre otros, también reconocidos en la constitución de Honduras”.
Este último punto resalta porque de acuerdo al marco constitucional del país: “los tratados, convenciones y en instrumentos internacionales de derechos humanos forman parte del derecho interno y están equiparados a la Constitución de la República”, (ver artículos 16, 17 y 18) y Honduras forma parte de los tratados internacionales que han interpretado los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos.
Arango finalizó su exposición indicando que en el último Examen Periódico Universal (EPU) a Honduras, del año 2011, de las 18 recomendaciones encaminadas a erradicar la discriminación contra la mujer que recibió el Estado se estableció que la prohibición de los métodos anticonceptivos de emergencia atenta contra la autodeterminación reproductiva de las mujeres y sus cuerpos, la cual deviene en una medida discriminatoria.