Honduras abandona lista negra del CIDH

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Tegucigalpa, Honduras.

Cuba y Venezuela repiten un año más en la «lista negra» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que retiró a Honduras por primera vez desde la crisis política de 2009.

Aunque las autoridades gubernamentales hondureñas ya habían adelantado esta medida fue hasta hoy que la CIDH, oficializo la noticia.

El capítulo IV del informe anual divulgado hoy de la CIDH, conocido como la «lista negra», señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una «atención especial» por parte de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

Honduras salió de esta lista, correspondiente a 2014, al aceptar una visita de la Comisión centrada en las consecuencias del golpe de Estado, tras la que el organismo elabora ahora un informe de país con recomendaciones que se publicará el próximo año.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita “in loco” a Honduras del 1 al 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de monitorear la situación general de derechos humanos en el país.

La Comisión sostuvo reuniones con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras personas que se acercaron a presentar información sobre la situación de derechos humanos en el país. También se realizaron visitas sin restricciones a diversas regiones, incluyendo La Ceiba, Tocoa, El Progreso, San Pedro Sula y el Bajo Aguán, y recorrió centros de atención a migrantes y a niños migrantes, comunidades garífunas y comunidades campesinas, así como varios centros penitenciarios del país.

Una reforma de la Comisión de 2013 establece la posibilidad de eximir del Capítulo IV a los países que permitan ese año una visita del organismo, algo que ha rechazado Venezuela, que se niega a recibir a la CIDH desde 2002.

Este es el mecanismo por el que Colombia quedó fuera de esta lista en 2013, en la que aparecía ininterrumpidamente desde el año 2000.

Tras esa visita, la Comisión envió al Gobierno colombiano un documento con recomendaciones, cuyo cumplimiento examina en su informe de este año.

La CIDH reconoce los «esfuerzos» de Bogotá en materia de derechos humanos, especialmente para lidiar con las consecuencias derivadas del conflicto armado, pero pide solucionar situaciones que persisten como el hacinamiento en las cárceles y las agresiones a los defensores de derechos humanos.

Sobre Venezuela, en la lista cada año desde 2005, la CIDH pide garantías de seguridad ciudadana, independencia de la Justicia, respeto a los derechos políticos, soluciones para las personas que están encarceladas sin condena firme, así como protección para periodistas y defensores de los derechos humanos.

«(Venezuela debe) abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica», señala el informe.

«(Venezuela debe abstenerse de) promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones o las que pretenden proteger la seguridad nacional o la paz pública», añade.

Respecto a Cuba, que ha figurado en la lista cada año desde 1984, la CIDH volvió a señalar «las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones al derecho de residencia y de tránsito».

La Comisión instó al Gobierno cubano a adoptar las medidas necesarias para «prevenir y erradicar las distintas formas de hostigamiento contra quienes ejercen el derecho de asociación y de reunión con fines humanitarios y sindicales y contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos».

Asimismo, recomendó a La Habana que garantice a sus ciudadanos el derecho a determinar libremente su lugar de residencia, la libertad de movimiento en el territorio cubano y la de salir y entrar en el país.

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