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El gobierno pretende coartar los derechos humanos y las garantías constitucionales al ordenar investigar una marcha pacífica ocurrida esta semana en contra del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria. Así denunció el Consejo Nacional Anticorrupción denunció (CNA).
Mediante su cuenta de redes sociales, el CNA calificó como amenaza la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de investigar y castigar a quienes financien la protesta.
Advirtió que esta decisión pone en peligro las garantías constitucionales y los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República y el Pacto de San José.
Citó que la manifestación pacífica ejercida por la ciudadanía es un derecho establecido en los artículos 70, 78, 79, 81 y 89 de la Constitución de la República.
Asimismo, señaló que la libertad de la sociedad para reunirse, desplazarse y expresarse libremente está argumentada en los artículos 13, 15, 16 y 22 del Pacto de San José.
No obstante, el CNA aclaró que el gobierno puede criminalizar la protesta en base al Código Penal siempre que provoquen un estado de terror en la población, impidan las funciones de los poderes del Estado mediante violencia, intimidación o fuerza.
Sin embargo, el CNA aseveró que la decisión del CNDS de investigar y castigar a quienes financian la protesta responde a una trascendencia fundamental para el afianzamiento de la vida democrática.
Sentenció que el derecho a la manifestación pacífica no puede ser abolido o disminuido mediante “acciones injustificadas” que emerjan del uso autoritario del poder.
