Gobierno asigna Lps. 6 millones para protección de periodistas, defensores de DDHH y operadores de justicia
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Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional logró que el Poder Ejecutivo asigne una partida de seis millones de lempiras dentro del Presupuesto General de 2015, que servirán para financiar la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Ante los recientes acontecimientos ocurridos el viernes en San Pedro Sula, donde las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio perdieron la vida violetamente a manos de sicarios, la Cámara Legislativa se apresta a continuar en las sesiones de esta semana, la discusión de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a fin de que la normativa pueda ser aplicable al obtener el respaldo presupuestario.
Los miembros de la comisión ordinaria de justicia y derechos humanos, encargada de dictaminar el anteproyecto de ley enviado por el mismo Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, habían argumentado que el proyecto de decreto se había detenido debido a que en el proyecto de Presupuesto General de la República para 2015, no se había incluido una partida para que la ley sea aplicable y se estaba esperando una respuesta de la Secretaría de Finanzas al respecto.
No obstante, la ley tuvo un amplio proceso de socialización con organizaciones gremiales como el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociación de Prensa Hondureña (APH), organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de derechos humanos, asociaciones de jueces y magistrados, la Asociación de Fiscales del Ministerio Público, subsecretaría de Derechos Humanos, representantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, entre otros.
El presidente de la comisión dictaminadora, diputado Yuri Sabas, indicó que los aportes que hicieron esas organizaciones son muy puntuales y ayudarán a construir un instrumento positivo y con todos esos insumos, se ha elaborado un proyecto de ley que ahora sólo se espera sea aplicable para que sea efectiva.
Los 71 artículos que contiene el anteproyecto de ley ya fueron aprobados en su primer debate y la misma está fundamentada en la Constitución de la República y la normativa internacional de derechos humanos, se basa en los principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto.
Los demás capítulos y artículos se refieren a las actividades y resoluciones del Consejo Nacional de Protección, cuyos miembros actuarán ad honoren y los gastos en los que incurran serán cubiertos por el sector al que representan mediante las previsiones presupuestarias correspondientes.
Asimismo, se refiere a las atribuciones de la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales que formará parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y que recibirá las denuncias y hará los análisis del riesgo de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
En el articulado también se habla de las medidas preventivas y medidas urgentes de protección previo dictamen favorable, las que serán coordinadas con la Unidad de Protección de Personas de la Secretaría de Seguridad.
Las organizaciones de derechos humanos, de la defensa pública o en su defecto de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades públicas y privadas del país, podrán remitir los casos que llegaran a su conocimiento ante la Unidad de Recepción de Casos, Evaluación de Riesgo y Reacción Inmediata y solicitar apoyo técnico y jurídico de manera gratuita o de toda persona que lo solicite para tramitación de cualquier petición en el marco de la ley.
La ley también contempla que la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a través de la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales y la Secretaría de Seguridad, podrán celebrar convenios de cooperación a fin de lograr el objetivo de garantizar la vida, la libertad y seguridad de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.