Gobierno asegura que enmendará cancelación de convenios migratorios con iglesias

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La reciente derogación de acuerdos migratorios entre el gobierno hondureño y diversas iglesias ha desatado una ola de críticas por parte de figuras políticas y líderes religiosos, quienes ven en esta medida un ataque directo a las libertades y la institucionalidad del país.

La diputada Suyapa Figueroa alertó sobre una posible deriva autoritaria en Honduras, comparándola con la situación en Nicaragua y Venezuela. “Vamos a una situación similar a la que tiene Nicaragua o Venezuela. Vamos a un país en el que falta de institucionalidad y respeto a la prensa, a las iglesias, las universidades, todo esto será cada vez más conculcadas las libertades”, advirtió. Figueroa enfatizó que, al igual que en Nicaragua, el gobierno primero atacará a líderes religiosos y luego neutralizará a las iglesias.

El ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, y el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Allan Alvarenga, defendieron la derogación de los acuerdos como una actualización y simplificación administrativa. Vaquero explicó que los convenios, suscritos en 2011, requerían modernización para armonizar los requisitos de entrada de ciertos ciudadanos al país. Negó cualquier mala intención detrás de esta medida y señaló a los críticos como “enemigos del gobierno del pueblo”.

Alvarenga coincidió con Vaquero y añadió que los trámites bajo los convenios anteriores podían demorar hasta nueve meses. “Lo que hemos hecho viene a hacer una revisión y una actualización de los convenios para simplificación administrativa, en ningún momento se atenta contra la libertad de culto”, aseguró. El director del INM también mencionó que ya se firmó un nuevo convenio con la Iglesia Adventista sin mayores contratiempos.

Por su parte, el pastor Roy Santos calificó la derogación de los acuerdos como un ataque a la iglesia evangélica y criticó las versiones oficiales que afirman que las iglesias reciben fondos del gobierno. Santos destacó el trabajo humanitario, social y espiritual que realizan los misioneros acogidos al convenio, muchas veces supliendo funciones que el propio gobierno no cumple. “Estos son pasos que uno solamente los ve en el esquema planificado del Foro de Sao Paulo. Lo que estamos viendo aquí son señales muy parecidas al gobierno de Nicaragua”, reflexionó.

El vocero de la Conferencia Episcopal, padre Juan Ángel López, prefirió no emitir declaraciones hasta después de la reunión con el gobierno convocada para tratar el tema. Mientras tanto, Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Honduras, advirtió que si el gobierno atenta contra la iglesia cristiana, cuatro millones de personas podrían salir a protestar. “Oramos por un buen gobierno, pero no tenemos ningún tipo de prebenda para que no nos callen la boca”, concluyó.

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