Funcionarios de Bukele podrían ir a juicio internacional

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Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele podrían ser enjuiciados en el futuro por la Corte Penal Internacional. Esto, según expertos, como consecuencia de los señalamientos conocidos en el informe del departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a las denuncias de abuso a los derechos humanos que han tenido lugar en El Salvador bajo el régimen de excepción, ejecutado desde marzo del 2022.

Ante esto, especialistas consideran que estos puede ser considerados “delitos de lesa humanidad” y no descartan que el país sufra sanciones económicas por parte de Estados que en su política tengan establecido no hacer negocios con naciones violadoras de derechos humanos.

En concreto, el informe publicado el lunes señala arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos en las prisiones. Además, en el apartado de El Salvador [el informe incluye reporte de países de todos los continentes], el gobierno estadounidense expresa que tuvo acceso a informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.

Al respecto, expertos consultados por este medio destacan el hecho de que E.E.UU. haya sido tan contundente al señalar estas violaciones y consideran se vienen a sumar a la ola de alertas internacionales sobre la grave situación que se vive en El Salvador sobre el tema.

Por ejemplo, Oswaldo Feusier, abogado penalista y docente de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), manifestó que tal reporte ratifica lo que señalan diversas organizaciones de DD.HH. que “la columna vertebral del régimen de excepción han sido capturas indiscriminadas sin mayor criterio o investigación, y que ha permitido un injusto encarcelamiento por más de seis meses, e incluso por más de un año, de personas que son completamente inocentes, que es una política basada en miedo y arbitrariedad, mas que en racionalidad, legalidad o respeto mínimo a derechos humanos”. Cortesía de El Salvador.com

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