Formal procesamiento a tres congresistas por caso Red de Diputados

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El Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción ha dictado auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión preventiva para tres congresistas involucrados en el caso conocido como «Red de Diputados», el cual implica la sustracción de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional.

Los diputados imputados son Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Gladys Bernarda Casco Cruz, quienes enfrentan acusaciones por la comisión del delito de fraude. Como parte de las medidas sustitutivas, los imputados deberán presentarse cada 15 días ante un tribunal para firmar el libro de registros y tienen prohibido salir del país.

Además de los actuales congresistas, en el expediente también están señalados los exdiputados Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, así como el representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez. Estas tres personas enfrentan medidas distintas a la prisión preventiva por el delito de fraude.

Según el requerimiento fiscal, los congresistas gestionaban fondos a través del Fondo de Desarrollo Departamental, destinados para la ejecución de proyectos sociales mediante ONGs. Sin embargo, una vez realizados los desembolsos, los fondos eran transferidos de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos congresistas y otros diputados.

Las investigaciones revelan que parte de los fondos también se destinaban a particulares que los utilizaban en asuntos diferentes a los previstos. Asimismo, se descubrieron gestiones de subsidios otorgados irregularmente a varios exparlamentarios bajo la justificación de ser para proyectos de desarrollo social.

El Ministerio Público detalló que los recursos se originaron a partir de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta bancaria de AJOPADIH, acumulando el dinero en un periodo de seis meses. Un imputado, identificado como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras, además de hacer depósitos a 26 cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados acusados. El resto del dinero fue transferido a terceros sin justificación alguna.

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