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El Seguro Social está bajo intervención mayor y los pronósticos son sumamente reservados.
El dirigente sindical, Daniel Durón, dice que la recuperación de la entidad pasa por una profunda voluntad política para corregir los males cometidos.
A criterio del representante obrero, muchos funcionarios a quienes se les compruebe responsabilidad en el descalabro del Seguro Social pueden ser llevados a la cárcel, pero la situación seguirá igual si No existe una verdadera depuración.
Sale en su defensa y agrega que las resoluciones adoptadas en Junta Directiva No necesariamente permiten a los representantes obreros y empresarios llevar a cabo una investigación posterior para darle seguimiento a las mismas.
Lo cierto es que si el director sigue concentrando el poder por la sencilla razón de ser impuesto por los políticos, No habrá mayor oportunidad de salvar al Instituto Hondureño de Seguridad Social, concluye Durón.
Los empresarios tienen su propia posición. A través de su representante, Armando Urtecho, la iniciativa privada sostiene que No les toca pronunciarse de momento sobre las acciones investigativas que lleva a cabo el Ministerio Público, tras la detención del ex gerente administrativo y financiero, José Ramón Berteti.
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), anuncia que esa agrupación se pronunciará en breve sobre la situación del Seguro Social.
Mientras tanto, el presidente del Sindicato de la caótica institución, Héctor Escoto, manifiesta que la organización gremial ha advertido de manera sostenida sobre la debacle a la que está expuesto el Seguro Social y ha denunciado las anomalías que se han cometido históricamente; sin embargo, ninguna administración tomó cartas en el asunto, se queja el entrevistado.
Tras la detención de Berteti por la compra de una decena de ambulancias hechizas y sobrevaloradas, el Ministerio Público investiga la sustracción de 1,500 millones de lempiras en los últimos años o, por lo menos, el destino que se les ha dado a esos recursos.
La Fiscalía ha tomado cartas en el conocimiento de 15 casos de irregularidades. Entre estas líneas se encuentra la transferencia de recursos de Invalidez, Vejez y Muerte al régimen de Enfermedad y Maternidad, movimiento éste que No es permitido por la ley.
En este caso, el ente encargado de ejercer la acción penal tiene la potestad de deslindar las responsabilidades que le competen a la Junta Directiva y de establecer el grado de culpabilidad de cualquier funcionario sospechoso de haber cometido actos delictivos.
La integrante de la Junta Interventora, Vilma Morales, es clara en el sentido que hay que delimitar las responsabilidades de los órganos de dirección y de administración del Seguro Social.
Morales revela que entre los hallazgos conocidos por los interventores sobresale que casi todos los recursos de la institución fueron sacados y gastados en la compra de medicinas y equipo, pero menos para la atención de las demandas de los derechohabientes.
Todos los fondos se invirtieron en un fideicomiso de 95 millones y el 32 por ciento del patrimonio de la entidad se comprometió en compras, en razón de lo cual el Seguro atraviesa la crisis mayúscula de toda su historia.