Fiscalía de Guatemala solicita retirar inmunidad al presidente Arévalo por supuestos pagos ilegales a constructoras
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La Fiscalía de Guatemala ha solicitado este miércoles retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, acusándolo de autorizar pagos «ilegales» a empresas constructoras.
La petición fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el fiscal Rafael Curruchiche, quien argumenta que Arévalo debe ser investigado por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
El antejuicio, un proceso legal que protege a funcionarios de ser investigados sin la aprobación de un juez, podría llevar a la retirada de la inmunidad presidencial si la Corte Suprema lo aprueba y lo remite al Congreso, que tomaría la decisión final.
La acusación de Curruchiche, quien ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción y conductas antidemocráticas, se basa en que Arévalo habría ordenado a la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, realizar pagos millonarios a empresas vinculadas con actos de corrupción.
La Presidencia de Guatemala, a través de la Secretaría de Comunicación Social, rechazó las acusaciones calificándolas de «disparates» sin fundamento legal. Esta solicitud de antejuicio se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el presidente Arévalo, respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea, y la fiscal general Consuelo Porras, quien también ha sido catalogada como «corrupta» por ambos bloques internacionales.
El origen de este nuevo enfrentamiento se remonta a una denuncia presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la ultraderechista Fundación contra el Terrorismo, también sancionado por Washington.
Como prueba, el fiscal Curruchiche presentó un audio en el que supuestamente Arévalo destituye a la ministra Vega por no cumplir con una orden de pago a determinadas empresas, grabación que ha sido verificada por el propio mandatario.
Este caso añade un nuevo capítulo en la intensa disputa política en Guatemala, donde el presidente Arévalo y la fiscal Porras han estado en conflicto desde el año pasado, en un contexto de acusaciones mutuas de corrupción y abuso de poder.
Si se procede con la investigación penal, Arévalo podría enfrentarse a una orden de prisión preventiva, lo que podría costarle su cargo.
