Firman acuerdo de cooperación interinstitucional para la lucha contra la corrupción

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Tegucigalpa, Honduras.

Con la finalidad que las instituciones vinculadas a la investigación de los delitos y procuración de la justicia en el país junto al Gobierno Central actúen de forma coordinada y complementaria, de manera tal que permitan a estas instituciones cumplir eficiente y eficazmente con sus atribuciones y funciones por la lucha contra la corrupción, se firmó un importante Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para combatir este flagelo.

El Documento que lleva por título “Acuerdo Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupción”, crea una Mesa Interagencial Anticorrupción, denominada MIA, cuyos miembros serán los enlaces que las instituciones designen y tendrán amplias potestades para adoptar políticas tendientes a la ejecución del acuerdo.

Esta Mesa Interagencial, que deberá reunirse por lo menos ocho (8) veces al año para la celebración de reuniones ordinarias, tendrá la responsabilidad de verificar y hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo; coordinar, dirigir e impulsar los aspectos de colaboración y cooperación referidos en el documento, así como prever las medidas y condiciones necesarias para su cumplimiento.

La MIA tendrá la responsabilidad de someter proyectos e iniciativas a consideración de las instituciones respecto al desarrollo de las relaciones de cooperación y coordinación entre ellas y proponer a las partes modificaciones o adiciones al Acuerdo. Los enlaces de esta Mesa Interangencial serán designados como los responsables del uso y manejo de la información que se comparta.

El Acuerdo es firmado por Jorge Alberto Rivera Avilés, en su condición de Magistrado Presidente y representante del Poder Judicial; Jorge Ramón Hernández Alcerro, en condición de Secretario Coordinador General del Gobierno; Oscar Fernando Chinchilla, en condición de Fiscal General de la República; Ethel Deras Enamorado, en condición de Presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; Abraham Alvarenga Urbina en condición de Procurador General de la República; Daysi Yolany Oseguera Durón de Anchecta en función de Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Cuentas y Miriam Estela Guzmán Bonilla, en condición de Ministra Directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Como parte de las actividades conjuntas que desarrollarán las instituciones firmantes se prevé elaborar una estrategia nacional de combate, prevención, investigación y sanción, de los delitos vinculados a la corrupción y las personas involucradas en los mismos, así como establecer mecanismos expeditos y seguros de intercambio de información, con una base de información unificada entre todas las instituciones suscriptoras del acuerdo, que permita el acceso a los datos de manera rápida y efectiva.

Asimismo, las Instituciones suscriptoras deben establecer mecanismos de interacción expeditos entre ellas, a fin de lograr controles efectivos y evitar que personas sospechosas de cometer estos delitos puedan obtener propiedades, dinero, crear sociedades o girar fondos al exterior.

Igualmente se asume el compromiso de implementar y fortalecer la “Red Metropolitana Inalámbrica” como plataforma tecnológica para el transporte de datos, intercambio de información y acceso a diferentes Infosistemas del gobierno, a fin de fortalecer las acciones de la Mesa Interagencial Anticorrupción.

El Acuerdo establece que se establecerá en coordinación con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) el desarrollo de actividades conjuntas de sensibilización y capacitación.
Cada Institución suscriptora a partir de la vigencia del Acuerdo se obliga, en sintonía con el objeto de la MIA, a realizar las acciones derivadas del mismo, presentando propuestas de proyectos o acuerdos particulares de trabajo, los que, una vez aprobados, serán elevados a la categoría de Acuerdos de Ejecución y pasarán a formar parte de este documento como anexos.

Los Acuerdos de Ejecución describirán el programa al que se vinculen las actividades a desarrollar, la responsabilidad, la fecha de entrada en vigor y cualquier otra disposición que se considere importante para el cumplimiento de su objetivo.

Además las instituciones se obligan a determinar los casos en que pueden realizar labores de forma conjunta y coordinada; establecer, dentro del marco de sus respectivas leyes, los canales adecuados y expeditos para el intercambio de la información confidencial necesaria para el desarrollo de sus funciones; intercambiar conocimientos y cursos de actualización entre el personal de las instituciones firmantes, así como brindar asistencia, asesoramiento, e información jurídica, científica, pedagógica y/o tecnológica que produzcan las instituciones a nivel nacional e internacional y que sea de su interés.

El Acuerdo, que entrará en vigencia y es de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de firma, igualmente establece que como parte de las obligaciones y responsabilidades a ejecutar las Instituciones firmantes deben prestarse apoyo profesional en aquellos casos que necesiten de los expertos profesionales de algunas o todas las partes; elaborar un plan conjunto de capacitación, definir las modalidades de ejecución y los medios necesarios para su realización; propiciar la participación en programas de capacitación y actualización de funcionarios y/o empleados de las instituciones firmantes a nivel nacional e internacional; fortalecer la cooperación y coordinación con el CNA y examinar los resultados de la cooperación realizada con el propósito de monitorear y evaluar el proceso, entre otras.

El Documento establece que las instituciones firmantes pueden y deben coordinar y colaborar entre sí, dentro de sus respectivas funciones, sobre todo en aquellas áreas complementarias o comunes, para evitar la duplicidad de funciones, alcanzando así el uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado en la prevención de temas de suma importancia como la corrupción y otros delitos económicos.

El trabajo técnico que se ha desarrollado hasta el momento para la conformación de la Mesa Interagencial ha sido apoyado por el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EurosociAL) financiado por la Unión Europea cuyos especialistas estarán igualmente apoyando el fortalecimiento de la MIA así como el acompañamiento técnico en cada una de sus actividades.

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